Es
curioso como la ultraderecha que gobierna en España tacha a
movimientos ciudadanos y políticos como Podemos,
surgidos tras el 11M en el marco de la crisis económica, de
populistas cuando es el mismo PP el que llegó al poder con el mayor
de los populismos que haya existido nunca y, además, se han lanzado
a la piscina de éste a hacer propuestas imposibles de realizar en
las condiciones actuales. Por un lado está la propuesta de Rajoy de
pucherazo electoral a través de una supuesta elección más directa
de los alcaldes pero también la de otro alcalde, el que llevó a
Madrid a la banca rota,
ahora Ministro de Justicia que busca apagar
las
críticas internacionales de su ley fascista del aborto que pretende
condenar a las mujeres a parir como conejas o a exiliarse si lo que
quieren es abortar de una manera mínimamente
digna.
En declaraciones a el diario El País, el nuevo órgano de
comunicación de los ultraliberales falangistas españoles, Alberto
Ruiz Gallardón dice
que pretende
reducir el número de aforados que hay en España, según él
exactamente 17.621, a un número de 26. luego
se habrá mirado el ombligo, habrá visto que es redondo y como
conclusión habrá sacado que el mundo es perfecto.
Los
pasos para eliminar el aforamiento de altos cargos en España son
complejos, están determinados por unos plazos concretos y dependen
de pactos institucionales que ahora mismo no existen. Habría que
reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, tengamos en cuenta que
la mayoría del aforamiento corresponde a jueces y fiscales, los 17
Estatutos de Autonomía que tienen fórmulas distintas para la
reforma de unos y de otros incluyendo hasta referéndum y partes de
la Constitución de 1978 actualmente en vigor. En cuanto a temas de
reforma a de la Constitución parece que el PP no está muy por la
labor pero recordemos que en un fin de semana de agosto de 2011 el
PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP acordaron reformar con
completa impunidad el Artículo 135 de la Constitución que otorgaba
absoluta prioridad al pago de la deuda externa del país, aunque esta
sea en mayor medida completamente ilegítima, sobre los derechos
sociales y el sostenimiento de los servicios públicos que afectan a
más de 46 millones de personas. Esta es, sin duda, la guinda de un
partido como el PSOE que se vende de izquierdas pero que es uno de
los mayores exponentes de la infamia de estos años de crisis.
Gallardón
ha recurrido al populismo barato, sin duda tratando de limpiar su
imagen real de falangista en unos tiempos en los que cualquiera que
hable de recortar los privilegios de la casta que este señor
representa es siempre bienvenido. Yo hace tiempo que no confío en la
política cuando esta trata de hacerse con las instituciones en forma
de nuevos partidos políticos que aspiran a formar parte del sistema
y que, indefectiblemente, acaban fagocitados por éste. De Podemos no
confío que se pueda sacar nada en claro en el futuro, a parte de lo
honestos que puedan ser sus dirigentes y bases sociales de este
partido cosa de la que no dudo en absoluto, salvo que con los
resultados de unas elecciones europeas nada extrapolables a unas
nacionales han hecho tambalear a la casta dirigente hasta en punto de
que un tipo gris como Gallardón haga propuestas en la línea de este
partido que, tengamos en cuenta, para el gobierno de ultraderecha que
tenemos son parte de ETA.
Viniendo
de un sistema franquista y de falta casi absoluta de cultura
democrática se puede llegar a entender la figura del aforamiento
pues éste significa hacer diferente ante la justicia a determinados
cargos institucionales y políticos, que no a las personas, para
tratar de garantizar una cierta inmunidad personal y unas diferencias
judiciales que garantizaran el ejercicio del cargo sin someterse a
ningún tipo de intentos absolutistas. Esta figura se quedó
anticuada hace ya unas cuantas décadas con la consolidación del
sistema democrático ceremonial y que hasta la fecha, en la que la
gente harta de pagar los platos rotos de la crisis ha empezado a
denunciar que nos gobierna una casta política que hace de
intermediaria entre la ciudadanía a la que hunden cada día más y
la clase económica que controla el poder en el país, nadie se ha
atrevido a hablar de estos privilegios que la mayoría de la
población o desconocen o les daba igual en los tiempos de bonanza.
Un
caso de aforamiento bastante miserable ha sido el de el exalcalde
condenado por el caso García Cabrera a inhabilitación por el
Tribunal Supremo Miguel Zerolo Aguilar. Cuando este corrupto le
empezaron a crecer las causas en Tenerife y empezó a ser incómodo a
su partido CC consiguió que el Parlamento de Canarias, del que era
miembro con aforamiento, le propusiera como Senador por Comunidad
Autónoma para matar dos pájaros de un tiro: que CC se lo quitara de
encima y que él imputado, y ahora condenado, pudiera seguir
disfrutando de una aforamiento con el que ganar tiempo a sus delitos
cometidos trasladando y reabriendo las causas en un tribunal nuevo.
Recordemos que este condenado fue Senador por las islas gracias no
sólo a los votos de CC sino también del PSOE que tiene un pacto de
gobierno con este partido y del PP que también ha gobernado, y algún
día lo volverá a hacer probablemente, con esta formación.
Demostrado queda que la política en general, pero en el archipiélago
en particular, es un asunto sucio de trileros, sinvergüenzas y
gentes que anteponen sus intereses particulares ante la ciudadanía a
la que dicen servir y representar.
No
estamos en un sistema político normal, estamos en un sistema que
prima la propaganda que establecen los partidos políticos y el
gobierno y que se aprovechan de la mala memoria que tenemos los
ciudadanos para estas cosas. En efecto, vamos a tener aforados para
rato cosa a la que se traducen las declaraciones de Alberto Ruiz
Gallardón en su últimas declaraciones en el diario
del movimiento.
