Como mismo hizo el PP en su
día, recordemos que la única persona que ha sido castigada
por la Trama Gürtel hasta el momento es el juez Baltasar Garzón que
investigaba este grave caso de corrupción política y de
financiación irregular del partido, hace ahora el PSOE contra la
jueza Mercedes Alaya que lleva la causa de los falsos ERE de
Andalucía y
que acaba de
imputar a media cúpula del partido incluida a
la exministra
Magdalena Álvarez: cargar contra esta representante de la carrera
judicial como si ella fuera la delincuente y no las personas que
permitieron defraudar miles de millones de nuestros impuestos. Que
los jueces son un poder no democrático, se quitan
y se ponen
ellos mismo y no son elegidos
directa y democráticamente por los
ciudadanos, y que la mayoría de las veces actúan por caprichos
personales y por su filiación ideológica, seguramente
la señora Alaya peque de algo de eso,
es algo que nadie a día de hoy se permite dudar pero lo que está
haciendo el PSOE con la
jueza responde al término de miserable
porque así es como cabe referirse a la política
profesional
que ha
estado ejerciendo la
casta que nos gobierna. A día de hoy pedirle a la justicia que
resuelva
los graves desmanes que han ocurrido en las distintas
administraciones españolas, calificable de corrupción de carácter
estructural, desde el inicio de la incompleta Transición hace ahora
casi 40 años es una labor titánica y totalmente imposible para los
órganos
jurídicos.
Primero porque no hay capacidad material para ello ya que hay que
llegar hasta la misma jefatura del estado con
DNI de dos dígitos y
segundo, lo más importante, porque la voluntad de la casta política
para limpiarse a si misma, y que es la que tiene que dotar a la
justicia de los medios necesarios para
ello,
es completamente nula para eso porque sería como tirar piedras
contra el propio tejado. Ya lo he dicho alguna vez: se prepara la
mayor operación de impunidad de la historia de la España reciente y
todos seremos responsables de ésta si no le ponemos solución.
Andalucía
cuenta desde 1988 con un organismo de control de fiscalización del
gasto autonómico, la Cámara
de Cuentas de Andalucía,
que si hubiera hecho bien su trabajo sin duda este grave caso de
corrupción no hubiera sucedido o, cuando menos, se hubiera visto
enormemente mitigado.
En España, junto con el Tribunal
de Cuentas
que tiene como función la fiscalización de las cuentas del sector
público según la legalidad y la de jurisdiccionalidad de la
responsabilidad contable de los cargos públicos, existen hasta 13
figuras homologables de carácter autonómico que van desde Canarias,
pasando
por
Navarra, Cataluña, Valencia, Galicia, Euskadi, Aragón, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Madrid, Islas
Baleares,
Asturias y la misma Andalucía. Curiosamente han sido autonomías
como Canarias, región en la que hay más políticos imputados en
casos de corrupción de todo el estado, Madrid, Galicia, la Comunidad
Valenciana, Cataluña y Andalucía donde, a tenor de la gravedad de
los casos de corrupción que han salido a la luz, estos organismos
han hecho peor su trabajo. A poco que uno se informe salta a la luz
que lo que han acabado por ser estos órganos superiores de control:
una suerte de echaderos
que sirven para pagar favores políticos, con sueldos como los 7 mil
euros que se llevan los consejeros de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid con coche y chófer incluido, donde no son
designadas personas con la mayor de las valías y reconocido
prestigio para la gestión de las cuentas públicas sino los
enchufados de turno como, en el caso de Madrid, los personajes más
afines al PP.
La
Audiencia de Cuentas de Canarias está formada por cinco miembros, el
Presidente Rafael Díaz Martínez y los Concejeros José Carlos
Naranjo y Esther González promovidos por CC y José Carlos Alemán y
Elena María Hernández designados por el PSOE. Ni que decir tiene
que la misma composición de la Audiencia es un fraude de ley para
todos los ciudadanos pues a pesar que el PP obtuvo más votos que CC
y PSOE por separado en las anteriores elecciones autonómicas no
tiene representación alguna como
manda el estatuto que regula el
Consejo de la Audiencia por lo que entramos en el paradigma del
golferío secular existente en esta tierra de Canarias: los mismos
que
gobiernan
son los que luego se controlan a sí mismos con lo que, viendo la
nula actividad de esta institución, se comprenden perfectamente los
niveles de corrupción a los que se ha llegado en este archipiélago.
Pero esta actitud, la de controlarse a la manera compadre
los que gobiernan y dejar fuera a la oposición, no es algo nuevo con
este infame pacto PSOE y CC sino que cuando CC estaba coaligada con
el PP, el PSOE estaba excluido de este órgano de control. El
último nombramiento en la Audiencia de Cuentas fue la del
socialista, y caradura, Juan Carlos
Alemán como consolación a su desafortunada carrera política, a
día de hoy los que todavía votan al PSOE porque creen en él son
francamente unos ingenuos, y se le acabó buscando una plaza vacante
en este echadero
político
a pesar de no ser una, como requiere el estatuto de la institución,
destacada
personalidad de la gestión en el sector público de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Quien visite la página web de esta
institución, el inútil de Paulino Rivero está todo el día
hablando de transparencia
pero con la boca pequeña porque si ésta fuera un hecho seguramente
terminarían nuestros problemas y empezarían los suyos, comprenderá
fácilmente por qué la corrupción ha llegado tan lejos en estas
tierras: es imposible encontrar quiénes son los consejeros de la
institución, cuántos informes se dictan al año y las memorias,
siempre en formato .pdf, parecen malos trabajos escolares para
aprobar el curso a
última hora en septiembre pues están llenos de paja, de información
redundantes que debería estar plasmada en otro sitio, y
es muy complicado encontrar una página con sustancia porque, en
efecto, la Audiencia de Cuentas sirve para mantener el alto
nivel de vida que se gastan sus miembros y altos funcionarios y, a la
hora de la verdad, no auditan absolutamente nada. De infame es la
mirada hacia otro lado que los miembros de esta Audiencia están
haciendo con el gran escándalo en el que se ha convertido la
financiación de la cutre televisión autonómica de Canarias
cuya única función es la de enaltecer la figura de un bobo de
solemnidad como es el Presidente Paulino Rivero.
Durante
los casi diez años de lo que fue la orgía inmobiliaria en España,
entre la entrada en vigor de la Ley de Suelo de Rodrigo Rato en 1998
hasta el comienzo oficial de la crisis durante la presidencia del
inepto de Zapatero en 2008, no sólo nos llegamos a creer que éramos
los nuevos
ricos
del mundo, puro efecto de una burbuja insuflada por la corrupción,
sino que todos los órganos de control del estado y de las distintas
administraciones fallaron de manera estrepitosa. Bueno, ya sabemos
que no fallaron en el sentido estricto de la palabra sino que el
deber de auditar las cuentas y perseguir los delitos fiscales en la
administración acabaron mirando para otro lado. Nunca los ciudadanos
habíamos sido tratados de manera tan miserable como durante estos
años, ni siquiera durante la dictadura franquista que a pesar de ser
completamente nefasta mantenía una cierta condescendencia, llámese
paternalismo falangista, con los ciudadanos que la supuesta monarquía
democrática en la que vivimos no ha sabido tener pues todos los
presidentes nos ha acabado por arrojar a los buitres del
neoliberalismo. Una Segunda Transición es ahora más urgente que
nunca y necesaria para superar lo que la primera dejó a la mitad: la
construcción de un estado social que combata el liberalismo en el
que el mundo está inmerso y que reformule el sistema político y la
forma de gobierno en donde las castas políticas que gobierna y la
oligarquía financiera dejen de controlar el poder que llevan desde
hace más de un siglo a sus espaldas. Ya hemos dicho que la justicia
no será la solución pues las causas a abrir serían tantas y tan
complejas que no darían a basto pero una cosa es urgente: exigir
responsabilidad penal y/o patrimonial a los gestores públicos que
debían ejercer la labor de control de las distintas instituciones y
que miraron, lucrativamente, hacia otro lado.
