Esperemos
que para que las mentiras del gobierno de Rajoy sean destapadas por hechos
contundentes no tengan que pasar 142 años como los que han transcurrido para
que, tras un análisis forense de su cuerpo embalsamado, se desvele ahora que el
expresidente del consejo de ministros Juan Prim y Prat murió estrangulado y no
a los tres días del atentado que sufrió a consecuencia de unas heridas de
pistola como se dijo en 1871. Su sentencia de muerte la firmó el mismo cuando,
siendo monárquico convencido pero antiborbónico militante, dijo aquello de que jamás, jamás, jamás regiría un Borbón
mientras el viviese. Y se equivocó porque de esos 142 años transcurridos, y
salvo un breve periodo republicano y una dictadura de carácter fascista, 93
años han sido los que un descendiente de la dinastía borbónica ha regido en
España por lo que, indudablemente, ya se supone quiénes eran los más
interesados en que Prim muriera y qué dinastía fue la que pagó a sus asesinos.
Una
maquinaria muy parecida a la de aquel siglo XIX se ha puesto en marcha en este
siglo XXI para salvarle la cara a la infanta imputada Cristina de Borbón, séptima
persona en la línea de sucesión al trono del reino de España, tras su
imputación por el juez de instrucción del Caso Noos, José Castro, para que
acuda a declarar con un abogado sobre los negocios más que turbios que su
marido, Iñaki Urdangarín, tuvo durante más de una década junto con su socio,
Diego Torres, en una fundación que, aparentemente, no tenía afán de lucro
alguno aunque, por lo que se ve, más de uno salió de allí millonario. La
sensación que todos no somos iguales ante la ley y que, finalmente, la hija del
rey se va a escapar de testificar ante un juez como imputada es, a día de hoy,
una cosa que muchos vemos muy clara. Esta es una operación que busca la mayor
de las impunidades posibles para una familia, la que ostenta la corona española
por la voluntad del dictador Franco, que un día sí y otro también están
demostrando al mundo que lo peor de su estirpe no fueron Fernando VII, Isabel
II o Alfonso XIII: amantes que tiene oficinas en palacio para hacer lobbies,
cuentas millonarias en Suiza, cacerías y juergas a costa del contribuyente
cuando hay cinco millones de parados o reuniones de Urdangarín en Palacio con
Barberá y Camps para hacer negocios privados dan buena fe de ello. Una
institución como es la monarquía que para disimular da tímidos pasos hacia la
transparencia y la apertura, en una actitud de falsedad que está perjudicando
mucho más al rey, y que se ha mostrado tanto o más manchada por el lodo de lo
que daríamos en llamar la marca España:
el de la corrupción. Duras serán estas semanas para el Juez Castro, seguramente
se le vendrá mucho a la cabeza la imagen del Juez Garzón saliendo de su despacho
de la Audiencia Nacional cuando la ultraderecha consiguió frenar sus pesquisas
en la trama de financiación irregular del PP que ya afecta a tres extesoreros
como es el Caso Gürtel y lo
expulsaron de la carrera judicial, cuando la totalidad de la casta política va
a estar pidiendo su cabeza, mintiendo a la opinión pública para ensuciar su
imagen y buscándole el desprestigio a toda costa de alguien que, viendo lo
podrida que está la clase judicial, lo que ha hecho es cumplir con su deber y
nada más.
España
se encamina a ser un país tan vergonzoso y cutre como Italia donde, desde hace
mucho tiempo, el crimen organizado ha ocupado los puestos de mando del país.
España en estas décadas, a marchas forzadas, ha acabado emulando al país de la Cosa Nostra a niveles que llegan casi a
superar al modelo porque no me digan que no es un alumno aventajado de
cualquier capo un tipo como Bárcenas que es capaz de acumular más de 30
millones de euros en Suiza habiendo sido tesorero de un partido que ha
gobernado casi nueve años en España y que controla la casi totalidad de los
gobiernos de las comunidades autónomas españolas. La Transición sirvió, esto no
hay quien lo dude a día de hoy, para que España saliera del franquismo pero se
quedó completamente inacabada y los sucesivos gobiernos de la democracia, en
especial los del PSOE, fueron incapaces de seguir ejecutándola y se consiguió
lo que Franco y sus herederos deseaban: que la derecha siguiera controlando las
claves del poder económico y que no hubiera una verdadera educación ciudadana
para la democracia y que los ciudadanos nos conformáramos con que el mero hecho
de votar una vez cada 4 años ya era ejercer como demócrata.
Una
crisis de este tipo en la que estamos viviendo que tiene una dimensión social y
ética muy grande, la financiera y la crisis de la deuda es sólo una
consecuencia de esta gran crisis moral en la que nos hayamos inmersos, no se
soluciona cambiando de gobierno, o de marca de la televisión de plasma donde el
presidente se dirigen a la ciudadanía desde hace casi cuatro meses, sino que se
necesitan soluciones más radicales como es una Nueva Transición y un proceso
constituyente. En este proceso debe estar superado el debate de la monarquía,
los Borbones deben ser expulsados para siempre del trono de España que debería
ser una República, y la constitución que salga de todo esto debe ser radical en
la que no se den prebendas a una familia sobre las otras en virtud a unos
dudosos derechos de origen divino. Es cierto que un presidente de la república
puede ser el más corrupto del mundo pero se le podrá juzgar como a cualquiera y
no como a Juan Carlos que goza de una inmunidad que ofende a los millones de ciudadanos que le hemos pagado
durante décadas su tren de vida. La abdicación del actual
rey en su heredero Felipe podría dar un golpe de efecto pero no hará más que
retrasar un cambio necesario y que desde hace mucho tiempo es inexorable unas
cuantas décadas más.
El
problema surgirá cuando debamos de buscar a gente válida para elaborar el nuevo
texto constitucional porque ya sabemos que la sequía de mentes entre la casta
de los políticos es total ya que esta casta está formada por los mayores
ineptos y segundones de la historia del país y tanta mediocridad junta solo
sabría irse a jugar al golf como hacía Aznar gratis a costa del ayuntamiento de
Madrid. Y es que la designación de uno de los autores de la Constitución de 1978, Miquel Roca Junyent que ha
hecho mucho negocio en su bufet privado por este hecho, por parte del jefe de
los Borbones a su hija Cristina como abogado, si finalmente debe de ir a declarar,
no es más que una forma de enmascarar como grave problema de estado y político
un tema meramente criminal y de corrupción: que esta señora presuntamente sabía
la clase de negocios sucios que su marido estaba haciendo gracias a que él había
ingresado en la familia real.
