Ante el espectacular regreso de la concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz, Esther con las siglas ONG no me consta nada Sarrautte, a través de una vergonzante entrevista digital con los lectores de La Opinión me saltan a la mente al menos tres cuestiones. Es completamente cierto que hay muy pocas cosas que sean tan osadas como la ignorancia así es que invito a que miren el texto porque mi misión en este mundo, si alguna vez he tenido alguna, no es la de ayudar a esta mujer. Es más, esta entrevista me ha hecho preguntarme por qué esta absoluta impresentable tiene un cargo tan importante en la segunda ciudad por habitantes de Canarias cobrado cerca de 50 mil euros al año mientras cientos de miles de jóvenes muy bien preparados malviven con un trabajo de mierda cobrando poco más de seiscientos euros al mes, en el mejor de los casos, cuando no están parados. Ante la angustia que me produce esta señora, y todo lo que hace que el inútil en Canarias sea colocado en puestos importantes, me pregunto sinceramente ¿qué diablos es una ONG? Dice la Sarrautte en la entrevista, para afianzar su metedura de pata del histórico pleno, que no son lo mismo estas siglas sin puntitos, ONG, que con puntitos, O.N.G. pero yo no lo veo aún muy claro.
Una posible forma de acercar una definición de las cosas es diciendo lo que no son éstas y, sin duda, las empresas que se dedican al sector de la atención de los menores en marginalidad son cualquier cosa menos una ONG. El anterior Diputado del Común, Manuel Alcaide, definió como maltrato institucional en 2005 el trato que la Comunidad Autónoma Canaria daba ya entonces a los menores en estado de riesgo en las islas. Recientemente es el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien ha abierto una investigación a la Comunidad de Madrid por dejar desamparados a menores inmigrantes en esta autonomía. La culpa del triste estado en el que se ha llegado con la desprotección de los menores en desamparo, foráneos o locales da igual porque la Declaración Internacional de los Derechos del Menor son lo suficientemente poderosas para traspasar cualquier situación y legislación internacional, son de las instituciones que han permitido que la protección y garantías de los menores puedan ponerse en el mercado para enriquecer a unos cuantos. Con la excusa de que en la sociedad hay organizaciones especializadas en la materia de la protección del menor que pueden ofrecer su experiencia para este tipo de cosas, los poderes públicos han hecho una escandalosa dejación, muchas veces interesada, de obligaciones que tienen que hacer y que están recogidas en la Constitución con estos jóvenes. Partidos de derecha reaccionaria como PP y CC han contribuido en las comunidades donde gobierna a que la protección integral que están obligadas a dar a los menores sea poco más que una suerte de beneficencia y a que la marginalidad sea algo crónico pues esta beneficia directamente a estas mal llamadas ONG que recogen el encargo de atender a estos jóvenes y que no disimulan el estancamiento de este tipo de situaciones sea algo corriente.
Esta semana han saltado a la opinión pública dos noticias, en principio aisladas, que dejan en muy mal lugar a los gobernantes de CC en el Archipiélago con el asunto de la protección del menor. Por un lado la Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha denunciado que la Comunidad
Autónoma de Canarias pudo haber trasladado a 40 menores magrebíes a esta comunidad de una manera completamente irregular. Por otro lado el Canarias Ahora denunciaba que una de estas empresas que se dedican a la atención del menor, Mundo Nuevo, fundadas por afiliados de CC recibieron no sólo adjudicaciones a dedo del gobierno canario en los tiempo de más llegada de inmigrantes irregulares sino que ganaron con ello hasta dos millones y medio de euros cuando se supone que las empresas que deben hacer este tipo de prestaciones sociales deben ser sin ánimo de lucro. Lo más repugnante del caso, siempre según el mismo diario electrónico, es que ahora están utilizando el decretazo de despido libre de Zapatero de los 20 días por año trabajado para despedir a la mayoría de los trabajadores pues la crisis económica ha acabado por frenar la emigración regular e irregular sobre nuestro territorio.
Al contrario de lo que cree la ultraderecha guanchista, amparada por los editoriales de Don Pepito Rodríguez, y que se confunden en CC y en ese partido de siglas vendidas del histórico nacionalismo canario llamado PNC, los emigrantes no cogen una patera arriesgando sus vidas para viajar miles de kilómetros por el vicio de suplantar al canario sino porque hay una serie de injusticias económicas mundiales que los obligan a ello pues en su tierra pasan hambre gracias a que en nuestro mundo desarrollado hay opulencia. Como era de esperar la llegada a Canarias de inmigrantes no se reduce con una peligrosa ley de residencia sino con un enfriamiento de nuestra economía que en las últimas décadas había llegado a unos niveles completamente insostenibles de construcción feroz, enriquecimiento de unos pocos y degradación ambiental sin precedentes. La crisis económica mundial vino a servir como revulsivo al necesario cambio económico en nuestro archipiélago pero ni CC ni Paulino se han enterado que la situación anterior a la crisis no volverá en mucho tiempo mientras la mayoría de la población, que era la que sostenía la construcción, no están formadas, ni se prevé que lo estén, para el necesario cambio de modelo económico. Una vez más Canarias se encuentra a la cola de todo el Estado y las cosas auguran a que esto será así durante mucho tiempo más.
Los menores no votan y además si son extranjeros no saben sus derechos y malamente pueden reclamar por los abusos que reciben. Decía Adán Martín en 2006 que cada uno de estos menores inmigrantes le costaba a la Comunidad Autónoma la cifra de 30 mil euros al año y muchos pensábamos que esta cifra era una mentira que se enmarcaba en el secular victimismo que emplea la burguesía criolla de ATI para dar pena en el exterior para así cazar la subvención de turno. Con la experiencia del enriquecimiento de empresas como esta de Mundo Nuevo, que puede ser todo lo lícito que las reglas del capitalismo salvaje puedan dictar pero que no es nada ético, ahora si empiezan a cuadrar las cifras de 30 mil euros menor a año. Para ver lo abultada que es esta cifra una familia corriente en Canarias puede tardar casi dos años en ganar ese dinero.
En Canarias en todo concurso público y en toda obra pública, normalmente innecesaria o sobredimensionada, podemos encontrar un amaño, que hacen de ésta un pelotazo, y que hacen que dinero público pase a manos privadas, a veces de manera lítica y otras menos lícita, para llenar los bolsillos de los poderosos que manejan el poder económico en Canarias. Que se hayan hecho negocio con estos menores y con otros, en una suerte de pelotazo que no tiene las dimensiones de un puerto industrial como el de Granadilla, es algo menor pero que significa algo más repugnante porque se ha estado, como parece ser, haciendo negocios privados con la miseria de unas personas caídas en desgracia que han encontrado los peligros de la inmigración como única forma de escape a la miseria de sus vidas. Yo confío que los organismos autonómicos de los servicios sociales de Canarias puedan defenderse de las acusaciones de la Consejera de Bienestar Social andaluza de haber desviado estos menores a Andalucía de manera poco regular por el bien de seguir confiando en el ser humano porque todo haya sido un error. Sin embargo sólo hay que tener en cuenta un pequeño dato: Canarias es la única comunidad autónoma que ha renunciado expresamente a unas competencias que han sido, precisamente, las de atención a menores inmigrantes. Triste pero paradigmático ejemplo de lo que a este y a anteriores gobiernos les interesa la gente corriente.
Canarias 24 Horas, 9 de agosto de 2010.
