Acostumbrados como estamos a que nuestros administradores usen la nocturnidad que propician meses como julio y agosto este año ha habido más de uno que ha estado ojo avizor con el tema del inicio de las dichosas obras del dichoso, e inexistente, puerto de Granadilla. Que el Presidente de la Autoridad Portuaria Pedro Rodríguez Zaragoza ha estado haciendo de mamporrero de intereses privados ya no hay nadie que lo dude. El patético inicio de las obras el pasado 30 de julio es un puro paripé que no tiene otro objeto que las empresas adjudicatarias, léase Antonio Plasencia y Promotora Punta Larga principalmente, cobren el enorme lucro cesante de dicha obra, valorado en un 25 por ciento de los 116 millones de euros del préstamo concedido a la Autoridad Portuaria sujeto a la financiación que cada día está más lejana, y que así las empresas hayan hecho un negocio redondo apenas sin llegar a hacer nada. Quién haya leído una reciente entrevista que este empresario concedió al periódico La Opinión lleno de paternalismo hacia sus empleados, cuando en el sector de la construcción se rumorea que ha estado despidiendo a gente para presionar al gobierno en este y otros temas, o sintiéndose ecologista porque los domingos sale con su jeep a contaminar el monte por pistas forestales, somos muchos los que sentimos una arcada profunda porque este sea el paradigma empresarial de quienes nos gobiernan. Canarias tiene experiencia en este tipo de pelotazos, no se puede calificar de otra manera el hecho que las administraciones pierdan el celo que tiene que tener para ejecutar sentencias y ahorrarse indemnizaciones innecesarias, pues ya van por casi 1.500 millones de euros los que las instituciones públicas de las islas debe abonar a particulares por mala gestión pública.
El viernes 30 de julio, cuando la Autoridad Portuaria estaba dispuesta a anunciar a bombo y platillo que las obras empezaban de nuevo en Granadilla, llegaba una providencia muy importante del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ésta se convocaba a las partes en litigio, Ben Magec Ecologistas en Acción y esta misma Autoridad, a presentar alegaciones en un plazo de diez días sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad a la ley del Catálogo de Especies de Canarias debido a un posible exceso de competencia de esta ley en relación a la legislación básica del Estado. También se dice en ella que no es pertinente terminar el proceso de suspensión de la descatalogación de los sebadales planteada por la Autoridad Portuaria y ordenada por el mismo Tribunal hace ahora año y medio. Una providencia de apenas dos páginas dejaban patinando a las instituciones empecinadas en el proyecto y a la prensa, en pleno verano que en estas fechas abusa de becarios, que apenas supo reaccionar de manera oportuna.
Han sido decenas de miles de personas, la mayoría anónimas, las que han estado pendientes a este tema de las obras del puerto de Granadilla desde hace más de una década y sobre las cuales nunca se dirá lo suficiente por haber contribuido a mantener el contencioso del puerto siempre en un lugar muy importante de la opinión pública. Este es el conflicto medioambiental más largo que se haya mantenido en activo nunca no sólo en todo el Estado español sino en la Unión Europea y sin esta ciudadanía concienciada el desastre social y ecológico que supondría dicho puerto ya estaría perpetrado. Sin embargo, y cuando hay que nombrar a alguien en el tema jurídico de este conflicto, no hay palabras para agradecer a Pedro Fernández Arcila, abogado de ATAN y militante de Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, toda la labor que ha hecho. Auténtico experto de las leyes ambientales y administrativas, desde los niveles más próximos hasta los convenios comunitarios e internacionales, este hombre de semblante apacible tiene en jaque a decenas de abogados y bufetes prestigiosos que las administraciones, pagando con nuestro dinero, tienen contratados para, paradójicamente, ir en contra de los intereses de la ciudadanía en el disparate de este puerto. La información aportada por este abogado el primero de julio es de una exhaustividad tan grande que el TSJC no ha podido sino contestar con esta providencia que ha acabado por desencajar a más de uno. Recordemos que el auto de suspensión cautelar dictado en marzo de 2009 también estaba el rejo de Pedro Fernández Arcila. Hay que tener en cuenta que todo se ha hecho siempre desde la más estricta legalidad aunque en todo este proceso ha habido gente de muy baja calaña, periodistas y políticos a sueldo del empresariado, que han insultado a los opositores del puerto llamándolos talibanes ambientales cuando aquí lo que ha habido es una ciudadanía concienciada que democráticamente ha justificado su negativa al proyecto y lo ha hecho legal y pacíficamente pero sobre todo con razones cosa que no pueden decir los mismo sus defensores que lo único que han dicho del tema son falacias.
Todo esto ha sucedido en una semana que ha estado muy movida en torno al catálogo de especies y al nuevo comienzo de las obras del puerto de Granadilla. El miércoles se reunieron miembros de Alternativa Sí Se Puede por Tenerife con el PSOE y lograron sacarles el compromiso a este partido que antes que acabara el plazo, el próximo 10 de septiembre de 2010, el PSOE iba a forzar una reunión Canarias Estado sobre el tema de la posible inconstitucionalidad de la ley de catálogo de especies y obtuvieron un compromiso del propio Hernández Spínola, este mismo había salido días antes en una rueda de prensa para hablar de las irregularidades de dicha ley, de promover un recurso de inconstitucionalidad. Parece ser que cada vez es más gente dentro del PSOE la que se está planteando el apoyo al puerto de Granadilla por las enormes irregularidades que se están viendo en este dichoso proyecto. Sin ánimo de aconsejar a nadie más de la cuenta lo que debería hacer el PSOE es, de una vez, recurrir la citada ley ante el Constitucional y dejarse de monsergas porque llevan tiempo siendo la tercera pata en la que se sustenta CC y PP en Canarias. Si me he extendido tanto con este párrafo es para mostrar que hay un compromiso de este partido en contra de la ley del catálogo y todo ello lo quiero recoger aquí por si un día hacen gala del cinismo político que tan bien los ha caracterizado durante tanto tiempo y reculan en este recurso. Visto lo que se ha visto uno tiene actualmente más fe en la vía judicial abierta por Ben Magec que en este partido político.
Al día siguiente de esta reunión se suscribió por una parte muy importante de personalidades destacadas de la política, la cultura y el medio ambiente una carta abierta en la que se pedía al PSOE un posicionamiento claro en contra del puerto de Granadilla, del catálogo de especies y del recurso de inconstitucionalidad de esta citada ley. Es triste que sea la ciudadanía la que le pida a un partido político, que al tiempo que hace reformas laborales que se basan el implementar el despido libre se resiste a quitarse la máscara de falso progresismo, que hagan lo que tienen que hacer por justicia y por deber: ser claros y tratar de imponer la soberanía de la ley y la justicia.
La confusión es tal que si con la suspensión cautelar de marzo de 2009 se sabía enseguida que la Autoridad Portuaria no le quedaba más remedio de detener las obras no se sabe qué van a hacer esta vez. Soberbia no les falta para desacatar al tribunal como no les faltó para enviar a un palista que no sabía muy bien qué hacer en las inmediaciones de la central eléctrica de Granadilla y donde se personó la alcaldesa de esta localidad con la policía local para pedir permisos de obra que no tenía el citado trabajador y que fue denunciado a la Guardia Civil.
Canarias no es más la tierra del banano. La ciudadanía no sólo se ha concienciado de manera enorme de su poder en estos años sino que se han desarrollado unas redes genuinamente pacíficas, pero efectivas, que son capaces de tumbar ilegalidades tan enormes como este puerto de Granadilla en el que, cada vez más, hay menos ganas de hacerlo aunque devotos como Rivero y Soria se llenen la boca de algo que, si tuvieran un poco de dignidad, lo mejor que harían es callar las declaraciones favorables que hacen a esta mal planteada infraestructura. Una vez más lo de que en Granadilla no hay puerto no puede ser más real.
Canarias 24 Horas, 2 de agosto de 2010.
