Imagen creada por Eneko para la campaña en defensa de los derechos en internet bajo Licencia Creative Commons
Puede producir muchas sensaciones encontradas el hecho de que el Gobierno de España sea tan beligerante a la hora de defender los intereses privados de la industria cultural con su inefable proyecto de ley antidescargas y se la haya, literalmente, soplado la situación del desproporcionado encarcelamiento de Juan López de Uralde director de Greenpeace España en Dinamarca pero a mí me da una profunda sensación de asco. Asco porque un gobierno que se define como de izquierda, y que en su faceta más progre dice velar por los intereses generales de la ciudadanía, no dice ni mu ante un flagrante atropello de los Derechos Humanos de una persona que simplemente hizo un acto de Desobediencia Civil para defender, de manera completamente pacífica, lo que piensa que es justo mientras que se pliega a los intereses de la industria privada de la cultura a la que ya sabemos que tanto debe en épocas electorales. La etapa que estamos viviendo hace ya unos buenos años, y por lo que parece la que nos queda por vivir, está vacía de todo contenido humano en la que los grandes partidos se han convertido en sucursales para la defensa de los intereses privados frente a los Derechos Ciudadanos y donde la libertad de empresa está por encima de los Derechos Civiles y de la Libertad de Expresión.
Célebres son aquellas declaraciones de la actual Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde cuando era miembro de la Academia de Cine en la que afirmaba, sin enterarse del tema ni la mitad, que para qué se querían redes de datos de alta velocidad para simplemente recibir y enviar correos electrónicos. Ahora parece que ha aprendido la lección y en las entrevistas radiofónicas presume de tener un iPhone. Aquel despropósito le valió para que Zapatero se fijara en ella y la promocionara como Ministra de Cultura entendiendo este ministerio simplemente como un mecanismo de defensa de los derechos privados de la industria de la cultura al tiempo que se desprecian otro tipo de manifestaciones culturales, más numerosas, pero no tan lucrativas y menos interesante para este tipo de industria. Todo este sector aplaude ahora mismo a la ministra, cuando me enteré que iba a serlo le di muchísima más gracia que la mayoría de los internautas, pero ahora mismo no puedo más que sentir vergüenza de pertenecer a un país donde se priman intereses privados no sólo sobre las manifestaciones culturales menos cargadas de negocio puro y duro sino sobre los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión. La alarma saltaba primero el 2 de diciembre por una de las disposiciones del anteproyecto de ley de Economía Sostenible en el que de manera sumarísima permitía cerrar webs que alojaran contenido protegido por derechos de autor sin intervención judicial pero con una ambigüedad tan grande que la disposición podía servir para cualquier sitio web. En menos de 24 horas más de 90 mil internautas publicaron en sus sitios el famoso manifiesto, la Ministra salió a intentar defender lo indefendible y el Presidente Zapatero acabó desautorizándola. Aquel anteproyecto más propio de regímenes totalitarios, que se le ha llamado el de la patada en el router, ha venido otro aprobado en Consejo de Ministros que, aún sin saberse su contenido porque no ha sido publicado oficialmente, ha vuelto a saltar la alarma en buena parte de la comunidad de internautas. En él se establece que un Consejo se hará cargo de las denuncias de páginas que puedan contener contenidos protegidos, este elevará la denuncia ante un juez de la Audiencia Nacional y en sólo cuatro días se verán las partes y el juez podrá ordenar un cierre cautelar de la página web. El proceso es tan sumario que no sólo establece indefensión sino que se propicia una inseguridad jurídica ya que el Consejo tendrá demasiado poder y el juez actuará casi de mamporrero. Luego el afectado podrá ir por la vía judicial ordinaria de los tribunales y estar años con una demanda que pueda menoscabar sus derechos sabiendo que en España, y para todo tipo de vías menos para estas que tiene que ver con los derechos comerciales de los autores, la justicia es ilógica, inmoral e irritantemente lenta. Si esta ley González-Sinde antidescargas se llegara a aprobar se habrá conseguido que el enorme garantismo existente en la legislación judicial española se vaya al garete y que España en esta materia se acabe poniendo al nivel de dictaduras como Irán, Cuba o China que censuran contenidos en internet. También da mucha rabia pensar que en España los corruptos son claramente impunes ante sus asquerosos delitos el estado va a dotar económicamente a este Consejo para que funciones como tribunal de censura pagado con el dinero de todos los ciudadanos para defender los intereses completamente parciales y privados del grupo de presión de los creadores mientras esta industria es incapaz de reinventarse y quiere seguir, a toda costa, teniendo los mismos o más pingues beneficios a base de esta manera que, hoy en día, ya no tiene sentido.
El tema de los derechos de autor no se arregla con leyes como esta que atentan contra Derechos Fundamentales y la Libertad de Expresión sino buscando nuevas fórmulas de gestionar contenidos con Copyright más acordes al siglo XXI y no con las formas completamente obsoletas y decimonónicas que soportamos hoy en día. Tengo que decir que este que escribe esto no está en contra de que los creadores que quieran cobren por su trabajo de creación sino que el hecho que esto sea así debe ser amparado y protegido. El caso es que las grandes empresas de la industria cultural han pasado muchísimos años abusando de los consumidores y ahora que la red ha propiciado otras maneras de intercambio no quieren perder esta enorme fuente de negocios y que esta siga de la misma manera que estaba. Es absolutamente inmoral que un disco de unas diez canciones cueste más de 20 euros cuando la mayor parte de este dinero no lo ve reflejado en sus ingresos la mayoría de autores. La SGAE, una organización para la gestión de los derechos de autor con prácticas más cercanas a una organización mafiosa que empresarial, ha conseguido que alguien como yo, que todavía compramos discos y que pago lo que por mis intérpretes favoritos, pague por ellos varias veces: en la tienda, los canon que me cobran por el disco duro de mi ordenador donde lo vuelco, el lápiz de memoria donde lo transporto o el teléfono o iPod donde lo escucho por la calle o hasta gravado en la bebida que tomo en un bar pues éstos también deben subri el precio porque también les cobran derechos de autor por poner música. El mayor negocio de la humanidad es aquel en el se debe de pagar exactamente por lo mismo un número poco claro de veces. Que el modelo de Spotify sea posible hoy en día, un sistema de streaming para escuchar canciones de manera gratuita a cambio de una cuña publicitaria cada cierto tiempo en nuestro ordenador, viene a demostrar el enorme negocio que todavía pueden tener las majors de la música no sólo con imaginación sino siendo más ecuánimes. El problema del canon es que es indiscriminado y como me dijo Nardo, un colega propietario de un bar que pone música de Blues y Jazz nada comercial y que se enfrentó en juicio a las gestoras de derechos, es que él no se negaba a pagar el canon sino que quería asegurarse que el dinero que pagaba iba a parar a los músicos que el pinchaba en el bar y no a personajes como Alejando Sans y demás vividores de su talla. El problema con los derechos de autor legítimos que los creadores tienen derecho a cobrar por sus creaciones no se puede resolver con poner límites estúpidos que una ley fascista como la de González-Sinde quiere imponer sino repensando el sistema de derechos de autor con otras fórmulas basadas en equidad y con la misma horizontalidad que se puede encontrar por la red. Hacer lo que pretende la Ministra es despreciar el fondo mismo de miles de años del desarrollo de la cultura para equiparar sus producciones a productos como lechugas, chorizos y tornillos.
Llevo muchos años escribiendo en medios, en mi blog o para mis amigos, y jamás he cobrado un céntimo por lo que escribo. Simplemente con poner anuncios en mi blog podría tener un dinero fácil pero creo que esto iría contra la filosofía de éste y simplemente no me da la gana. Como yo también hay mucha gente que escribe poesía, que hace arte gráfico, que pinta, que hace canciones y que no sólo no ganan dinero con ello sino que su afición les cuesta y pagan por ella. En un mundo donde trabajamos muchas horas y se podría vivir trabajando menos y hasta con menos la gente puede ser lo creativa que le dejen. No me opongo a lo que se llama la industria cultural porque con cosas que veo, leo u oigo disfruto mucho pero lo que de verdad repugna es que un Ministerio de Cultura solo se preocupe de las manifestaciones culturales privadas que producen dinero, y apoyos al PSOE en campaña electoral, y desprecie por completo llevar una gestión pública de lo que es la cultura. Ángeles González-Sinde es una lacra para la cultura general y mejor estaría haciendo películas como estaba que siendo ministra, algo que no sabe hacer y que encima es un elemento muy parcial en todo el sistema cultural español. Mientras la cultura de libre expresión se va al garete por falta de apoyo oficial se ha dedicado a contentar a sus compañeros que sacan beneficio con la gestión de derechos de autor, ya hemos dicho que una parte es legítima, y desprecia todo lo demás en un momento que las nuevas tecnologías proporcionan herramientas sin límites para que la gente, y no sólo una élite cultural supuestamente elegida de manera divina, haga creaciones de todo tipo como antes no se había conocido en la historia de la humanidad. Una pena.
Canarias 24 Horas, 11 de enero de 2010.
