Ahora es el momento porque si no volverán a pasar otros 30 años de democracia sólo formal y vacía de contenido como la que hemos vivido desde la muerte del dictador fascista en la que se acabaron subvirtiendo los valores de aquellos que dejaron su vida en la lucha por la libertad por los del todo por la pasta, la vida fácil y el pelotazo de todo tipo pero sobre todo urbanístico. Mirar atrás y a las oportunidades perdidas sólo sirve para tener como guía las cosas que se han hecho mal pero lo importarte es levantar la mirada hacia el futuro. Difícilmente en estos años hemos visto un ambiente tan propicio como el actual, después de esta crisis económica que recordemos ha sido una crisis política, de valores y provocada por la corrupción, en el que mediáticamente se está hablando de muchos casos de corrupción, jurídicamente se están abriendo muchos frentes y en el que el que la ciudadanía, esa eterna dormida, se está dando cuenta, debido a la dureza de la crisis, que la habitual tolerancia hacia delitos tan repugnantes y mirar para otro lado en relación a la corrupción ha sido un error. En este sentido hace unos días un grupo de vecinos de Santa Coloma esperaban al alcalde acusado de corrupción, Bartomeu Muñoz, para decirle en la cara que era un sinvergüenza y un chorizo. Que el alcalde de una ciudad eminentemente obrera viviera en Barcelona en una urbanización de lujo era tolerado como un mal menor incluso para su partido que se dice de izquierda, el PSOE, que por estos días ha sido cuando ha propuesto el cese de militancia de este señor pero que en estos años no ha hecho más que mirar hacia otro lado. Suponemos que algún tipo de control interno deben tener los partidos pero vemos que una vez si otra también no hacen más que fracasar este tipo de controles.
Hasta 18 alcaldes ha ido a parar con sus huesos en prisión en España en tan sólo tres años. 18 es una buena cifra pero no es nada comparado con los 8.112 municipios que hay en total. El caso es que de los alcaldes de estos ocho mil municipios es casi seguro que muchos no pasarían la prueba de Bartolomeu Muñoz alcalde en prisión de Santa Coloma: la de las evidencias, la lógica y el sentido común viendo el pedazo de vida que se pegan y que es muy superior a sus sueldos. El caso que a Miguel Zerolo Aguiar, alcalde de Santa Cruz y de la Playa de las Teresitas, le toque tantas veces la lotería o que los jueces descubran que apenas utiliza el dinero de sus cuentas bancarias limpias para los gastos corrientes, no deja de tener su cierta voz de alarma hasta el punto de hacer investigaciones judiciales al respecto sin que, además, el poder judicial esté convenientemente dotado de manera económica. Es el poder legislativo el que debe garantizar que la justicia funcione de manera económica pero ya sabemos que este capítulo no se lo toman muy enserio. Se da supuesto que los políticos, como toda persona, deberán tener la presunción de inocencia que por la Constitución Española se les garantiza y también la rectitud procesal debida en todo momento. Al fin y al cabo estamos en un país jurídicamente avanzado y garantista que no es como China, por ejemplo, en el que muchos corruptos como los que estamos viendo estos días habría acabado con un juicio sumarísimo y con una más que probable pena de muerte ante un pelotón de fusilamiento. Muchas son las cosas que deben cambiar pero recordemos unas cuantas no sólo al hilo de los últimos acontecimientos de corrupción en el PP, el PSOE, CiU y CC sino que son cosas que se llevan reclamando hace muchos años.
Es necesaria una reforma completa de la ley electoral que en el caso de Canarias es la más injusta de los países de nuestro entorno con una normativa completamente caciquil y bananera. Los ciudadanos deben poder elegir a otros en listas abiertas y las actas de diputado, parlamentario o concejal deben estar a nombre del partido y no en posesión irrenunciable de la persona para evitar el trasfuguismo y situaciones esperpénticas como la de los diputados del PP que han hecho un grupo parlamentario propio al haber sido expulsados del partido en la Asamblea de Madrid. La situación de los descendientes de inmigrantes no puede seguir determinando que muchos pequeños pueblos, o que en el caso del Canarias el Parlamento, sigan siendo dominantes a la hora de elegir alcaldes y concejales tanto que el gobierno de determinados municipios se determina por personas que residen en el extranjero y que jamás han pisado no sólo el municipio para el que votan sino el país. Una forma de validar los votos de estos inmigrantes y de sus descendientes, que muchos huyeron de España por represión política o por hambre, es creando una serie de escaños en el congreso de los diputados para que representen a esta personas con una circunscripción específica. Del caciquismo de los votos de los inmigrantes sabe muy bien Coalición Canaria que está al borde de una derrota en las próximas elecciones de 2011 por lo que va a enviar 15 personas pagadas con nuestros impuestos para desarrollar en Venezuela la ley de dependencia, son en realidad 15 comisarios políticos recaudadores de votos enchufados a dedo, para, junto con los pucherazos que se les presume, ganar las próximas elecciones desde el extranjero. Como siempre todo es puro cachondeo y lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es poner en marcha la ley de dependencia en las islas pues de 21.145 solicitudes de ayuda sólo ha puesto en marcha, hasta el inicio de este verano, 2.708 antes de dorar la arepa a los inmigrantes venezolanos.
La corrupción urbanística genera muchísimo más dinero que la droga y tiene la ventaja de que las penas son menores. Mientras esto sea así la corrupción va a seguir siendo una parte muy importante del Producto Interior Bruto nacional y no habrá nada qué hacer. El endurecimiento de las penas es un paso esencial para la lucha contra la corrupción. Los jueces lo que hacen es aplicar las leyes que los políticos redactan y son una clase que, en este sentido, nunca ha tenido muchas ganas de que la justicia funcione. Parece que ahora mismo hay cierta voluntad política entre los dos grandes partidos para hacer una reforma del código penal pero esperemos que esta voluntad no sea de cara a la galería y que, por una vez, se lo tomen en serio cosa que nunca han hecho a pesar de que el problema de la corrupción no es algo nuevo sino que viene de muy lejos.
El Caso Filesa fue un caso de financiación irregular del PSOE como lo fue el procesalmente fallido Caso Naseiro y como parece serlo el Caso Gürtel aunque también los nacionalistas de CiU o los de Coalición Canaria han tenido y tienen sus casos de financiación irregular. Ninguno de los grandes partidos ha escapado de ésta y si se hiciera un análisis riguroso, el Tribunal de Cuentas tiene las manos atadas porque también es una institución que cuenta con poco presupuesto, probablemente no escaparía nadie. Las infladas campañas electorales que hemos visto durante los últimos años no se entienden sin la financiación nada transparente de éstas. Hasta que el tema de la financiación de los partidos no esté sujeto a normas claras y estrictas y el gasto de las campañas, muchas veces es un gasto inmoral, controlado la democracia seguirá siendo una democracia formal para pedir el voto cada cuatro años y no una participativa.
Como ciudadanos debemos exigir a los políticos que dicen que nos representan con nuestros votos, uno votos que dicen que les legitiman para cualquier gamberrada que quieran hacer durante cuatro años y que les da legitimidad absoluta cuando saben que no es así, mayor transparencia no sólo en el funcionamiento de las instituciones sino también un control y auditorias constantes, por lo menos cuando entran a ejercer su cargo y cuando salen de éste, del patrimonio y de las cuentas personales de los políticos que ejercen cargo público. La política es un oficio que tiene que ver más con el servicio público, con el sacrificio personal y con mantener una serie de deberes hacia la ciudadanía más que una plataforma para enriquecerse y medrar sin dar golpe a costa de los ciudadanos y del dinero de sus impuestos. Si no les interesa que esto sea así pues entonces que se vayan a trabajar a la empresa privada a ver si estas le permiten malgastar como nosotros les permitimos ejerciendo funciones de lo público. Como gestores deben responder de los actos que han hecho y que se prueben contener mala fe. En Canarias estamos asistiendo a una serie de fallos judiciales que están sangrando las arcas públicas por mala gestión manifiesta y poca responsabilidad en los políticos de Coalición Canarias que han gobernado durante casi dos décadas y que ahora miran para otro lado mientras la responsabilidad se oculta en un entramando burocrático que les protege mientras somos los ciudadanos los que acabamos pagando todos sus fallos. Una ley de responsabilidad civil y penal de este tipo de decisiones hechas de manera manifiestamente irresponsable debe de ponerse en marcha para que estas personas paguen con su patrimonio y con la cárcel sus manifiestas malas decisiones.
Los ciudadanos debemos expresar una tolerancia cero ante los repugnantes casos de corrupción que están saliendo estos días y que, como todo apunta, no van a dejar de seguir apareciendo en los próximos meses o años. Que vivamos en un país decente o que la berlusconización de la política acabe imponiéndose dependen, en gran medida, de nosotros. La legitimidad democrática no se obtiene como un cheque en blanco para cuatro años al pasar por las urnas sino que hay que ganársela día a día. Nosotros, con nuestras actitudes críticas, tenemos mucho que decir sobre estos asuntos pero como mal nos han hecho cómodos al delegar el poder real que tenemos en lo que hacen ellos. A veces preferimos un mal gobierno que y mirar para otro lado que intervenir realmente en lo que se hace.
Canarias 24 Horas, 2 de noviembre de 2009.
