Vídeo cortesía del Foro Contra la Incineración. ¡Gran entrevista Juan Jesús y Paquito!
La manera en la que se suelen justificar ante la ciudadanía la mayoría de las grandes obras públicas puede decirse que responde a un esquema básico de manual de escuela de primaria. Primero se busca la solución, que consiste en un megaproyecto con un presupuesto inicial enorme que acaba duplicándose o triplicándose, y luego se crea un problema, curiosamente éste no existía hasta el momento que se propone la infraestructura, que justifique que una inmensa cantidad de dinero público deberá pasar a las manos privadas de las grandes empresas constructoras que lideran el proyecto y los subcontratistas locales que son los que acaban ejecutando las obras. Para que esos proyectos sean mejor digeridos por la opinión pública se adornan maximizando los supuestos beneficios mientras se minimizan los costes reales, se hacen grandes promesas como es la supuesta creación de miles de supuestos puestos de trabajo, se crean expectativas económicas que difícilmente se van a cumplir, se impide el debate público en torno a la necesidad de dicha infraestructura que se suple con la egolatría que los medios venden porque al final el proyecto será el más moderno o el más fálicamente grande de su tipo del planeta planetario. Una vez terminadas las obras vemos que las grandes expectativas puestas en ésta infraestructura apenas se acaban cumpliendo y que acabamos siendo más pobres no sólo económicamente sino socialmente pues el dinero que literalmente se han comido las obras ha sido desviado de necesidades sociales más básicas como sanidad, educación y justicia hacia las cuentas corrientes de las grandes constructoras. Ejemplos en Canarias de este tipo de dispendios públicos innecesarios los tenemos en el inservible puerto de Arinaga, el proyectado puerto de Granadilla, el tranvía de Tenerife, el Auditorio de esta misma isla, las carreteras que arrasan grandes extensiones de suelo con anillos insulares, las regasificadoras o los proyectados trenes del sur de Gran Canaria o Tenerife.
Si un ciudadano o una agrupación de ciudadanos tienen la constancia de que en un determinado lugar de la sociedad o de la administración se está cometiendo un delito o una irregularidad no sólo no tiene el derecho de denunciar ésta sino el deber por pura buena ciudadanía de hacerlo. Así ha actuado el pasado viernes 21 de agosto Ben Magec Ecologistas en Acción al denunciar al Cabildo de Tenerife en el contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el proyecto del tren del Sur de Tenerife porque tienen la certeza meridiana, aquí nadie está para hacer perder el tiempo de nadie y no se actúa por mala fe sino por responsabilidad al contrario que otras asociaciones unipersonales autoproclamadas defensoras de la movilidad, de que los cabildos insulares no tienen las competencias necesarias para ejecutar infraestructuras ferroviarias. Que una agrupación social y ciudadana, que actúa sin ningún tipo de lucro y que sus cuentas particulares están realmente asfixiadas, como Ben Magec sea capaz de dar respuestas serias a determinadas problemáticas sobre el mal funcionamiento de las administraciones públicas es algo que a los ciudadanos decentes nos llena de orgullo y satisfacción porque ya que desde lo público no se vela por el interés general sí que se hace desde una organización como esta. En este sentido si Ben Magec no existiera sin duda habría que crear un grupo ciudadano de este tipo. En su honor cuentan con la suspensión cautelar por el TSJC de la chapucera descatalogación de la Cymodocea nodosa por parte del Consejero Berriel para permitir construir el puerto de Granadilla y cuya sentencia de suspensión cautelar está dando la vuelta al mundo jurídico, creando nuevos paradigmas legales y es ya es un hito en la defensa ambiental española.
La forma, el fondo y el contenido por el que las administraciones, los grupos empresariales y determinados medios de comunicación, que hacen de correas de transmisión, actúan en Canarias están conformados por un riguroso esquema de libro de texto de enseñanza primaria. A la airada reacción de la Cámara de Comercio presidida por el imputado en el caso de corrupción más grande destapado judicialmente en Canarias de la Playa de Las Teresitas, Ignacio González Padrino, le siguió el domingo una homilía temática en el periódico del movimiento chicharrero El Día por su centenario director Don José Ramírez poniendo en la picota a Ben Magec y acusando a esta organización de estar manejada por canariones de la tercera isla y financiados con el famoso oro amarillo y unas cuantas barbaridades más. Si no fuera porque las opiniones de este señor hacen mella y son la hoja de ruta para la acción de la clase política dirigente chicharrera las páginas en las que se publican estas editoriales habrían de ser la mejor sección de humor de este periódico antes que los rancios y supuestos chistes de las Altoberradas o las tristes viñetas que publica este periódico que cuenta con grandes profesionales pero que están sometidos a la dictadura de un señor que ha dejado el periódico en un grado de mediocridad tan alto e imposible de superar. El lunes el Consejero de Economía y Competitividad del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso, tomando nota de los dictados de empresarios y la prensa de su partido ATI CC, convocaba a los medios de comunicación a una rueda de prensa para arremeter e insultar vilmente contra una organización ciudadana, al tiempo que acudía a la más que asquerosa estrategia del pleito insular, llamando a sus miembros, ciudadanos de pleno derecho de un estado que se le supone democrático, lindezas como talibanes ambientales, antidemocráticos y más cosas que evito reproducir por el asco que me da que un funcionario público, que vive y cobra de nuestros impuestos y que su principal deber es estar a nuestro servicio, haya tenido la cara dura de hacer un acto tan repugnante. Sin duda el nerviosismo expresado por este individuo en la rueda de presan deja claro que Ben Magec tiene razón cuando denuncia que el Cabildo no tiene competencias para hacer trenes. Si Tenerife fuera un lugar decente y gobernado desde una auténtica y verdadera democracia a Carlos Alonso en primer lugar lo hubieran reprendido públicamente por esta actitud y luego lo hubieran cesado inmediatamente pero es de suponer que quién debiera hacer eso, su jefe el Presidente del Cabildo Ricardo Melchior, en realidad lo ha utilizado para que, tras uno de sus habituales golpes con el puño en la mesa, dijera lo que él está frito por decir pero que por cierto decoro y guardar las formas ha preferido mandar a su subordinado a hacer el trabajo sucio. Vivimos en una tierra donde el mundo está del revés, la corrupción campa a sus anchas y lo que en otros momentos o lugares hubiera sido reprobable aquí se entiende como normal porque parece que nadie dice nada y nada pasa. El PSOE de Canarias tuvo en sus manos las pruebas de que el informe que presentó el Consejero Berriel para descatalogar los sebadales de Granadilla estaba manipulado porque miembros de Ben Magec se lo dieron en una reunión a Juan Fernando López Aguilar y a Santiago Pérez pero de aquella reunión no salió más que una sarta de consejos y una reprimenda por parte de estos profesionales de la política. La demanda, con la feliz suspensión cautelar de la ley de descatalogación, fue puesta por esta asociación que está casi en quiebra financiera y que tiene serios problemas para llegar a fin de mes pues el PSOE decidió perder aquella oportunidad que una asociación ciudadana les daba completamente trabajada. Ahora este partido, que es la tercera pata en la que los corruptos de CC y PP se asientan en Canarias para cometer sus fechorías, se ha unido a la ralea que pide la cabeza de los activistas de Ben Magec y desde el mediocre grupo de este partido en el Cabildo se han permitido el lujo de dar lecciones a Ben Magec y pedirles que retiren la demanda, que es lo mismo que decirles que por omisión consientan un posible delito, contra el tren del sur de Tenerife. Ilustrativa es una foto que circula por la red en la que se ven sentados en la misma mesa miembros de este partido en el Cabildo de Tenerife y el imputado Ignacio González. El PSOE haría mejor en limpiar su partido por dentro, el ex delegado del gobierno José Segura ha aparecido nombrado en los papeles del sumario del Caso Edén de Arona, que en dar lecciones a ciudadanos que son mayores de edad y que lo demuestran cuando llevan a cabo este tipo de iniciativas.
Ben Magec señala que los proyectos de trenes tanto de la isla de Tenerife como de Gran Canaria son un absoluto despropósito no sólo ambiental sino social y económico para las islas y para ello lo fundamentan con un decálogo colgado en la página web de esta organización. Ambos proyectos de tren, el de Gran Canaria y el de Tenerife, no sólo son un capricho de ambas instituciones insulares sino que son la excusa perfecta para que una serie de empresarios llenen sus bolsillos con dinero público para proyectos en los que el territorio debe ser adaptado a las máquinas ferroviarias, y no al revés como se hace en la zonas donde por sus largas distancias los trenes son ideales y se adaptan lo mejor posible al territorio, pues tengamos en cuenta que el de Tenerife en sólo nueve años se ha pasado de un presupuesto inicial de 534 millones de euros a 1.700 millones y todavía no se ha movido ni una sola traviesa ni un simple raíl. Recordemos que el sur de Tenerife, donde se dirige este tren, no tiene un hospital decente y las obras del centro socio sanitario de allí están paralizadas aunque este proyecto más que un hospital es un centro geriátrico y poco más. La inyección de dinero a las empresas que vayan a hacer estos trenes, en una tierra en las que a los políticos les importa una puta mierda la movilidad pues aquí ésta está y va a estar durante mucho tiempo vendida al transporte privado y lo más que pueda pasar es que este tipo de trenes vayan a hacer competencia a la guagua que es el medio más flexible para el archipiélago, es la única justificación válida para estas infraestructuras. El Cabildo de Tenerife bien haría en hacer un verdadero y dichoso debate público de una vez por todas sobre las infraestructuras necesarias en la isla, en el caso de la movilidad podría apoyar el constituido y representativo Foro por la Movilidad de Tenerife antes que apoyarse en organizaciones unipersonales auto constituidas pero nada representativas que tienen como principio el si amo a las que dan chancha, antes que utilizar toda la maquinaria pública que financiamos con nuestros impuestos para insultar a los ciudadanos y a Ben Magec.
Ya lo decía Juan Jesús Afonso en la página del Foro Contra la Incineración: han creado un monstruo basando toda la economía en el piche y el hormigón y ahora no tienen ni puta idea de cómo pararlo. En Canarias el I+D+I que todas las empresas debería activar para diversificar la economía y cambiar de modelo como tanto cacarea Zapatero y el lorito que bien lo imita últimamente Paulino Rivero, ese que de 250 mil parados sólo lo hemos visto interesarse por uno de ellos que además es su sobrina, se sustituye en estas tierras del caciquismo y la corrupción generalizada por los pelotazos puros y duros. La titularidad de las competencias ferroviarias en Canarias recae en el Gobierno Autonómico y esto se expresa de manera meridianamente clara en Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias y tal y como están planteadas ahora las leyes sería la misma injerencia que los cabildos se pusiera hacer trenes como que el ayuntamiento de Arure le diera por lanzar satélites en cohetes al espacio tapándole la vista a Chipude. De todas formas ahí está la justicia que es la que tiene la última palabra, y en la que hay que confiar y confiamos pese a sus posibles imperfecciones, y que es la que debe de dar una sentencia adecuada. Los rebuznos que desde las fuerzas vivas del archipiélago se han levantado contra Ben Magec debería de acabarse porque, que se sepa, estas personas son ciudadanos ejercitando un Derecho Fundamental y no unos delincuentes. Las posibles imperfecciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se basan en el hecho de que los que ponen a sus miembros son los políticos, José Manuel Soria sabe muy bien de esto como lo sabe Francisco Camps en Valencia, y no el caso que este Tribunal superior esté en Gran Canaria cosa que a todas luces es anecdótico y no concluyente como afirman unos mal documentados como José Ramírez y Carlo Alonso. Las presiones a las que están sometidos los miembros de este tribunal deben de desaparecer porque estamos en un sistema democrático en el que hay una supuesta separación de poderes.
Canarias 24 Horas, 29 de agosto de 2009.
