El auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el que se desestima el recurso de súplica del Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria y Gascan referente a la suspensión cautelar de la ley que descatalogaba los sebadales de Granadilla, y que de facto impiden las obras del nefasto puerto, es no sólo valiente sino que sirve para clarificar las cosas y dejar a cada uno en su sitio. Que el imputado Consejero Domingo Berriel, que por cierto sigue sin dimitir y al que el presidente Rivero no ha cesado, afirme que va a acatar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias pero que va a recurrir al Tribunal Supremo es no sólo una burla para los ciudadanos, de los que en principio este consejero cobra y para quienes tiene que defender el interés general y no para los constructores empeñados en el puerto que defienden sus intereses particulares, sino que deja en entredicho, una vez más, su labor frente a medio ambiente y que ha consistido en hacer de mamporrero del lobby del cemento más que la de velar por el respeto y la protección de nuestro territorio. Sólo alguien tan nefasto como Rivero, el mismo que le dice a sus amigos constructores pues seguramente muchas campañas le habrá de deber su partido que el puerto se va a hacer por narices, ha podido poner al lobo Berriel a cuidar las ovejas sino que ha tendido la indecencia política de mantenerlo en su cargo a pesar de esto y de las imputaciones que le han salido estas últimas semanas y de tener más claro que el decreto que descatalogaba los sebadales de Granadilla era una chapuza legal que apesta a amaño.
El auto también pone en su sitio a determinadas personalidades de la vida pública, política y económica canaria que no han hecho más que mentir sobre este tema empezando por el actual Presidente Paulino Rivero, el anterior Presidente Adán Martín, el trabajador en excedencia de Unelco Ricardo Melchior, el investigado ex alcalde de Granadilla Jaime González Cejas, el imputado ex Presidente de la Autoridad Portuaria Luis Suárez Trenor, el constructor e imputado Antonio Plasencia, el biólogo de pensamiento único y director del parcial Observatorio Ambiental de Granadilla Antonio Machado, el candidato de las campañas de millones de euros Ángel Llanos, el impresentable actual Presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife Pedro Rodríguez Zaragoza y muchos más agraciados de alguna manera con estas obras que si no nombro ahora es más por pereza que porque no desee reconocer los méritos que han hecho para estar presentes en este burdo y escandaloso pelotazo. Si fuera verdad que el puerto de Granadilla va a tener un impacto tan importante a nivel planetario e interestelar ya podrían haber buscado algún tipo de financiación privada y quedarse con la concesión de la explotación del puerto durante medio siglo como se hace con los aparcamientos porque si los bancos son capaces de poner 160 millones de euros para comprar los derechos de dos jugadores de fútbol, aún en tiempos de crisis como los actuales, no les hubiera costado nada soltar unos cuantos cientos más para financiar este puerto que, en palabras de sus promotores, habría de ser la solución a todos nuestros males, el pleno empleo y el motor económico de todo el hemisferio. Claro está que los gestores de las empresas privadas que buscan quedarse con las obras de este megaproyecto no son tontos sino todo lo contrario porque el negocio de este tipo de infraestructuras no se encuentra en poner dinero privado para realizarlas sino en conseguir las contratas millonarias, siempre sujetas a todo tipo de ampliación, que representan tener estas licencias de obras. Este es el núcleo real de este proyecto de puerto, al que luego podrán decorar más o menos con medias mentiras o mentiras absolutas, y es lo que subyace debajo de toda la palabrería y cacharrería con la que se lo ha adornado.
El mundo es mucho más amplio y grande que la falsa dicotomía de buenos y malos que se nos ha querido dar desde determinadas administraciones y partidarios del puerto en el sentido de hacer de esto una simple lucha a dos bandos, cada uno de ellos subido a posturas innegociables. En el auto se refleja también no sólo la cantidad sino la calidad de las alegaciones realizadas contra esta infraestructura, más de 300, realizadas por ciudadanos, científicos y organizaciones sociales y que Medioambiente revisó en poco más de una semana como burla a las personas que invirtieron su tiempo libre para realizar este trabajo que si hubiera estado pagado no se pudiera haber hecho. Aún así hay que reconocer a Ben Magec y al abogado Pedro Fernández Arcila como autores del triunfo de llevar a cabo esta suspensión cautelar de la descatalogación de una especie protegida de manera chapucera y que es, ni más ni menos, que han conseguido que la ley se haya cumplido porque ésta debe ser de igual cumplimiento para administradores, administrados, políticos, ciudadanos, empresarios, ricos y pobres. Cualquier pretensión de representar este pleito por la aplicación rigurosa de la legalidad aprobada por los mismos políticos que nos gobiernan y que son los que las hacen, también es verdad que son los que menos las conocen, como una lucha de intereses contrarios al bien general del conjunto de la ciudadanía es una pretensión que sólo cabe en mentes miserables y egoístas que son las que realmente sólo buscan salvaguardar intereses completamente particulares. Estos dos autos de suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Canarias representa una victoria importante de una parte escasa pero abundante y bien formada de la ciudadanía, la otra o bien está muy alienada con su día a día o hacen el pato literalmente en las charcas de los estadios de fútbol cuando su equipo sube de división, y sin duda serán un precedente a tener en cuenta cuando se apliquen leyes ambientalmente irresponsables pues ya sabemos que, luego, la mala gestión del medio ambiente trae males de tipo social, políticas corruptas y problemas económicos. En la actualidad Domingo Berriel y su equipo buscan la manera de descatalogar la especie entera de los sebadales, la Cymodocea nodosa, de todo el archipiélago por lo que es prioritario que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural conteste de una vez y se haga con las competencias de la gestión de esta especie en el archipiélago.
La administración en este auto ha salido perjudicada y se la ha condenado a pagar los costes procesales de todo este proceso pero no nos engañemos, los perjudicados somos nosotros porque todos somos la administración ya que con nuestros impuestos y nuestro trabajo somos los que financiamos esta máquina, muchas veces, de crear desgobiernos y de mantener y ejecutar corrupción. La administración no es el despacho que ocupa Domingo Berriel para hacer este tipo de actos administrativos chapuceros, es más como van las cosas hasta podría acabar más que en un despacho en otro habitáculos con rejas incorporadas, sino que es un tipo de entidad más general y abstracto que se concreta en individuos y personas. Como se desprenden de todas las evidencias, y si se diera el caso de que se demostrara mala fe en las personas que han firmado estas leyes y estos decretos para perjudicar al interés común, deberían ser los propios administradores los que pagaran todos los daños que se han hecho se o puedan hacer por la interpretación sesgada de las leyes en estos casos con penas de expropiación del patrimonio de estas personas o su puesta en prisión si fuera el caso. Determinadas decisiones que afectan, han afectado o afectarán de ponerse en práctica a la mayoría de la ciudadanía y al interés general no pueden, de ninguna de las maneras, diluirse en la difusa nube de la administración para que seamos los ciudadanos los que paguemos el pato por culpa de la mala gestión de los que cobran de nuestros impuestos, se supone, para defender nuestros intereses y hacer las cosas en beneficio de la comunidad y no de un conjunto determinado de intereses económicos y empresariales. El delito de corrupción siempre ha estado bien visto, tanto que en la derecha las corrupciones y financiaciones irregulares dentro del PP en lugar de restarles votos les suman ya que existe una masa de gente que ve al corrupto como un héroe, a pesar de ser uno de los delitos más graves que un ser humano puede cometer porque significa enriquecerse o enriquecer a los amigos a costa de la posición de privilegio sobre millones de personas que son las que financian la cosa pública. Si esta crisis económica se supera algún día para cambiar el modelo de desarrollo que no nos lleve a más crisis cíclicas se hará, seguro, bajo muchas premisas pero esta será imprescindible: que los que actúan con mala fe y a sabiendas de hacerlo mal perjudicando a la mayoría para en beneficio público paguen por las ilegalidades cometidas. Sin este requisito este mundo permanecerá anclado en la inmoralidad que nos ha llevado a esta grave crisis en todos los aspectos.
Canarias 24 Horas, 22 de junio de 2009.
