Manuel Alcaide, Diputado del Común de Canarias, en el informe de la actividad de esta institución para el año 2008 censura a las administraciones canarias por usar de manera desviada el silencio administrativo siempre en contra del contribuyente por lo que ha obligado a los ciudadanos a recurrir a la justicia para defender sus intereses creándose una doble indefensión ya que ésta está saturada y presenta problemas graves en su funcionamiento. En boca de este alto e independiente cargo canario el sistema de las islas, creado hace casi 30 años y como aquel mal trabajador llegado nuevo a la empresa sólo ha sabido copiar las malas actitudes que ve en sus compañeros, padece una grave patología. Señala que, además, las peticiones que hace su oficina no encuentran un interlocutor de oficio válido en las distintas administraciones canarias que directamente pierden sus quejas, recogidas de los ciudadanos, bajo una insufrible losa burocrática por lo que reconoce que para determinados casos ha tenido que recurrir a llamadas personales pidiendo favores. El caso de la aplicación de la Ley de Dependencia es ya triste, por no decir otra cosa, con una lista de espera de más de 10 meses para valorar los casos debido a la burocratización excesiva del los trámites para acceder a esta condición y lo peor de todo es que hay una superposición, que no integración, de los servicios sociales de la comunidad autonómica y los servicios para las personas dependientes.
Yo entiendo perfectamente el deber de lealtad institucional que, ante todas las cosas y a pesar de las ciertamente duras palabras emitidas en este informe, Manuel Alcaide se debe y entiendo que sus palabras estén bastante tamizadas por la necesaria precaución a su cargo pero uno que no se deba a estas cosas calificaría la situación general del funcionamiento de las instituciones canarias como de auténtico desastre. En los casi 30 años que lleva en funcionamiento la autonomía de Canarias el entramado de intereses que se ha hecho con el poder, heredado del franquismo y el caciquismo, ha creado para el archipiélago un sistema anti democrático de gobierno, no hay más que ver el sistema electoral que beneficia minorías sociológicas y partidos de avariciosos como Coalición Canaria, hecho a su imagen y semejanza. Lo grotesco del caso es que auténticos sin vergüenzas como el triplemente presunto e imputado alcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo Aguilar se atreva a dar ejemplo de moral, como ha hecho este domingo 10 de mayo en el espacio que a estos personajes reserva el diario independentista, insularista y xenófobo para homilías de este tipo como es El Día. Este usuario destacado de la justicia, ya que debido a su condición de aforado debe ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tiene la cara dura, como el cemento que bien representan como nadie los intereses de su grupo político ATI, tiene la desfachatez de criticar el funcionamiento de la justicia cuando él es uno de los más beneficiados de que ésta, en efecto, funcione de manera lenta y poco adecuada. Personajes como éste, auténticos antisistema que durante estos 30 años se han cargado la esperanza que en Canarias haya un verdadero sistema democrático, se atreven a criticar a las personas que, democrática y legítimamente organizadas, ponen en manos de la justicia los casos flagrantes de delitos como es la ilegal construcción de un puerto en Granadilla o, en el caso de este alcalde, las ilegalidades en torno a la playa de Las Teresitas, el Parque Marítimo o la frustrada marina de San Andrés no sólo son una muestra de cinismo sino que habría que ver en las dictaduras más bananeras que se conocen un parangón parecido.
La falta de vergüenza y la cara dura están tan enquistadas en las instituciones canarias, parece que el hecho de que un alto cargo esté investigado por la justicia puede suponerles hasta un cierto orgullo, que van a tener que crear una figura que los defienda de los ciudadanos y que desde aquí propongo que se le llame el Imputado del Común. Hasta tal es el punto de cinismo en el que estamos instalados, y que si la gente cobrara consciencia de lo que verdaderamente sucede las revueltas sociales estarían a la orden del día, que el Vicepresidente de Canarias José Manuel Soria tiene el título ya del Gran Imputado de Canarias por sus manejos más que extraños en el caso salmón ya que cada vez que sale del Tribunal Superior de Justicia sus cargos se ven más confirmados y hasta es capaz, para defenderse de lo que parece que irremisiblemente se le viene encima, al salir de declarar convoca ruedas de prensa para acusar a la policía de falsificar investigaciones en su contra. Alguien como uno, y que viene la cultura algunas veces errónea y paranoica pero casi siempre con motivos de ver a la policía como un elemento altamente represor, escuchar a un miembro de un partido sociológicamente sucesor del franquismo como es el PP, ahí está el recuerdo de los grises reprimiendo y torturando a la ciudadanía, cuestionar las investigaciones policiales como es la estrategia de José Manuel Soria para defenderse personalmente, se pregunta si el mundo, realmente, no está del revés.
Quizá la actual crisis y recesión económica mundial no cambie gran cosa en la organización económica y política mundial. Este sistema ha sido el causante de esta crisis ya que la corrupción que lo mantiene es la causante de esta triste etapa que estamos viviendo. Ahora parece que de lo que se trata ahora es de regresar al status quo que la produjo y parece que ya nadie quiere hablar de reformar el sistema capitalista sino de parchearlo y seguir en la senda del despilfarro. Sin embargo algunas consideraciones habría que tener en cuenta, por lo menos localmente, para que nuestro entorno cercano no siga encaminado hacia el caos al que ha derivado. En este sentido las instituciones deben ser tomadas, de la manera más directa posible, por lo ciudadanos democráticamente organizados donde los cargos de representación, a todos los niveles, sean completamente limitados en el tiempo y con unas retribuciones adecuadas en línea de lo que cobra la mayoría de la gente. Un alcalde de una ciudad instalada en la mediocridad, con concejalas auténticamente palurdas como la Sarraute que no sabe que es una ONG o la Reverón que define un sebadal como la parte de la ola que te araña, como Santa Cruz de Tenerife no puede, de ninguna manera, cobrar al año 84 mil euros aunque sepamos, según la investigación del TSJC sobre Miguel Zerolo, que gasta poco de su sueldo según se desprende de los extractos de las cuentas legales de este político ante lo extraño que le pueda parecer a todo el mundo que no parezca tener gasto corrientes como de la investigación abierta en este tribunal se deriva. No sólo el control de los que nos gobiernan debe ser completo y absolutos por parte de la ciudadanía sino que toda administración, de oficio, debe siempre emprender acciones legales contra aquellas personas que, haciendo un mal uso del gobierno, hayan provocado malversaciones de caudales públicos y que deberán de pagar ellos mismos con penas sobre su patrimonio o con su libertad y la cárcel. Ninguna conducta tipificada como delito debe ser jamás asumida por nuestra sociedad como algo normal pero mucho menos unas tan asquerosas y repugnantes como es la de corrupción que son o han sido abiertamente aplaudidas por nuestra sociedad que siempre ha tenido envidia del pelotazo ajeno. El de corrupción es el peor delito que pueda existir y que provoca que una sociedad no sea justa y hace que se originen otro tipo de delitos.
El despegue económico del archipiélago, el florecimiento de grandes riquezas en el entramado político empresarial que dirige las islas y lo cruel que se está mostrando la actual crisis económica que se está cebando con los más desfavorecidos, no se entiende sin el fenómeno de la corrupción generalizada que habita en ayuntamientos, cabildos y las instituciones autonómicas y que, sin apenas excepción, tienen su responsabilidad en los tres partidos que ocupan el poder y que son PP, CC y PSOE. Quizá el tirón de orejas que ha hecho esta semana el Diputado del Común Manuel Alcaide, aunque esclarecedor, sea bastante tímido en relación a las cosas negativas que la ciudadanía detecta cuando se dirigen a la administración, cuando se ponen enfermos o simplemente cuando queremos hacer valer nuestros derechos que no le debemos a nadie y que bastantes esfuerzos económicos y sociales nos han costados para que unos cantamañanas imputados y todo lo presuntos delincuentes que sean nos quieran hacer ver como que encima les debemos un favor y pleitesía. Nuestra actitud ante este tipo de caraduras debe ser de tolerancia cero.
Canarias 24 Horas, 11 de mayo de 2009.
