Aunque los medios hayan sólo hablado de manera adecuada de esta última hay que recordar que han existido durante estos años un total de cinco manifestaciones contra el puerto de Granadilla. Las cuatro primeras fueron organizadas por Asamblea por Tenerife los noviembres de los años 2004, 2005, 2006 y 2007. La última ha sido convocada por la Comunidad Científica de Tenerife este mismo sábado 14 de marzo y como no podía ser de otra manera ha supuesto un éxito más en participación en esta histórica lucha. En todo el estado español, y probablemente en toda la Unión Europea y países de nuestro entorno, creo que sea muy difícil de encontrar una lucha social, una contestación a una infraestructura de este tipo, que haya pervivido tanto en el tiempo y que lejos de haberse diluido y debilitado se ha fortalecido y ha cobrado los tintes de profesionalización que se han dado con auténticas organizaciones como Ben Magec que han sido capaces de llevar la causa a los tribunales, con la ayuda de innegables abogados concienciados como Pedro Fernández Arcila que si hubiera que pagarlo no habría dinero ni amarillo ni de ningún tipo, y conseguir una victoria sin parangón cuando mucha gente llegó a creer que todo estaba ya acabado con el comienzo de las obras del puerto. Durante algún tiempo la plataforma Nunca Mais que surgió como reacción lógica a las torpezas y arrogancias del gobierno del PP a causa de la crisis del hundimiento del Prestige ocuparon, no sólo por las razones intrínsecas de la causa sino por el encumbramiento mediático de sectores anti PP, la primera plana en todos los medios pero en la actualidad ésta está desactivada y, desgraciadamente, sólo queda el recuerdo de lo que fue una de las causas más justas y dignas de los últimos tiempos en España.
El caso de las luchas sociales contra el puerto de Granadilla en Tenerife no han de remitirse sólo a estos casi cinco años de luchas en la calle sino que han existido voces discrepantes cualificadas desde que se rescató esta infraestructura, contemplada ya en el Plan Doxiadis de Tenerife de 1973, hace ahora 10 años. La lucha contra esta infraestructura han supuesto no sólo múltiples protestas en la calle como manifestaciones, cadenas humanas, concentraciones sino también documentales, artículos de catedráticos de economía, biología y críticos sociales, frentes jurídicos y movimientos parlamentarios en el seno de la Unión Europea, ciberacciones como la del Defensor del Pueblo de la UE que según reconoció él mismo había sido la mayor queja que había recibido en bloque por un asunto determinado así como un arraigo profundo en unas islas como las Canarias tan asoladas por el aplatanamiento y el conformismo caciquil. Analizar la manifestación de este sábado 14 en términos de fracaso, cuando en una isla como en Tenerife se consiguen sacar con muy poco apoyo mediático y todo el oscurantismo oficial como mínimo 30 mil personas a la calle, puede ser todo lo relativo que se quiera pero no deja de ser un análisis ideologizado e instrumentalizado por gente que lo que desea es que esta infraestructura dañina se construya porque toda ella acarrea un pelotazo tremendo. Un dato objetivo es que cuando la cabecera había llegado ya a Presidencia de Gobierno desde la Plaza Militar todavía estaba saliendo gente así que un cálculo sencillo es, sabiendo la superficie total, multiplicarla como por dos personas por metro cuadrado. La manifestación del 14 de marzo, aunque en otras ocasiones el número de manifestantes haya sido mayor como la contraria a las torres de Vilaflor o la primera en contra del puerto de Granadilla de noviembre de 2004, es sin duda un rotundo éxito al ser una lucha mantenida durante tantos años por mucho que la Televisión Canaria de propaganda manipulada por Paulino Rivero se apresurara a decir en las primera horas que la asistencia fue de 2.000 personas. En una sociedad en la que todo es mutable, hoy se dice una cosa y mañana por artilugios del lenguaje y la comunicación se defiende la contraria, que la causa contraria a este puerto haya sobrevivido tanto debería ser un objeto de estudio de sociólogos y antropólogos sociales antes que mofa por parte de los políticos y estómagos agradecidos de los medios que llaman terroristas sociales a los ciudadanos que son capaces de ejercer su derecho a la democracia.
Debería ser obligatorio por ley que este tipo de infraestructuras, que en el mayor de los casos significa un trasvase de dinero público a empresas constructoras privadas sin ningún tipo de justificación más que la avaricia de unos pocos y que de ante mano están decididas y luego se hacen informes ad hoc para justificar el despilfarro, tuvieran que pasar una serie de filtros ciudadanos donde el debate y las capacidades de decidir por vía democrática de éstos estuviera contemplado en la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Frente a la democracia de carácter ceremonial que se nos quiere hacer pasar como democracia real está la participativa de los ciudadanos que son capaces de elegir lo mejor que colectivamente les conviene con mejor calidad democrática que los políticos de profesión hacen. Cuando Faustino García Márquez dimitió del cargo de director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático por discrepancias con el gobierno dijo aquello de que prefería la ILP rechazada en el Parlamento de moratoria turística de Ben Magec que la ley de medidas urgentes sacada a toda prisa por Berriel para pisar esta ILP y que significa que cualquier rincón de nuestro territorio es susceptible a ser urbanizado y transformado. Desde una organización como Ben Magec con serios problemas financieros continuos se puede dar una solución más adecuada a nuestro territorio según lo que es el interés general antes que un tipo como Berriel que es capaz de manipular unos informes medio ambientales para descatalogar el sebadal y construir el puerto y que cuando se ve pillado no es capaz de dimitir por ello ni el Presidente del Gobierno lo cesa.
Cuando en Canarias se es capaz de disfrazar como una medida anti crisis una ocurrencia como es el especular con la comida a punto de caducar de los supermercados para, como el plena época de la beneficencia, dar de comer a los más pobres que ha creado este sistema completamente injusto, y esta supuesta medida viene no de un bajo cargo de la administración sino de, nada menos, que el propio presidente que dice ser de todos los canarios, es que las cosas están muy mal. De por ley habría que obligar a que nadie pudiera vivir por más de ocho años de servicio como cargo público en la administración pues el mal viene de los 27 años de autonomía que han creado y consolidado un sistema caciquil autonómico como el meritocrático canario. La victoria en las calles de este 14 de marzo y la de los tribunales de Ben Magec y Pedro Fernández Arcila con la suspensión cautelar de la ley que descatalogaba los sebadales debe servir no sólo para profundizar en las capacidades de los ciudadanos que son capaces de dar soluciones más plausibles a sus problemas sino que debe ser el principio del fin de la impunidad con que los políticos gobiernan en base al ordeno, mando y no debato. De momento la única salida que les queda a los partidarios de las obras, y en lo que ya trabaja Berriel, es descatalogar de toda Canarias la seba, Cymodocea nodosa, y aumentar el número de LIC en las islas para disimular esta estrategia. Y es que con la suspensión cautelar no todo está terminado sino que es una importante batalla de toda esta guerra que es la conservación ambiental y el equilibrio social y económico de toda Canarias.
Canarias 24 Horas, 16 de marzo de 2009.
