Tras la sentencia de suspensión cautelar dictada el miércoles 4 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene que haber, como no puede ser de otra manera, un antes y un después. El antes es el que conocemos: chapuzas, manipulaciones, mentiras de desinformación masiva e imposición a la ciudadanía de megaproyectos sin el menor debate público democrático serio a través de decisiones autoritarias reflejadas por un golpe de puño sobre la mesa del despacho del político de turno. El futuro está por hacer pero me gustaría, desde la humildad en la que estoy instalado siempre sobre todo en este caso donde conozco personalmente a una gran cantidad de compañeros que se ha dejado la piel y parte de sus vidas en este asunto, hacer una pequeña reflexión sobre lo qué éste podría contener.
Está claro que esta sentencia, aún provisional, por su firmeza, por el valor de las juezas y el juez que la dictaron aún estando bajo una presión muy grande, sin duda la caución que se le pedía a Ben Magec de 31 millones es la punta de iceberg de ésta, y por el enorme precedente que significa va a ser recordada durante mucho tiempo. Luis Suárez Trenor imputado y ex presidente de la Autoridad Portuaria acuñó la expresión terroristas sociales para referirse al conjunto de la ciudadanía que luchaba contra este innecesario puerto. Luego vino su socio y alcalde de Santa Cruz Zerolo y completó la expresión con que estos ciudadanos éramos los del no a todo. Y es que estos dos, presuntamente, han estado trincado de lo público con una marina que se iba a hacer en San Andrés y que, presuntamente, una parte del dinero pedido por ambos iba a ir para el bolsillo personal de Suárez Trenor y otra para financiar a CC pero también en los fiestorros que se han estado haciendo de manera completamente ilegal en el Parque Marítimo César Manrique durante años y sin ningún tipo de control. Ante esta chulería, y aunque el alcalde Zerolo haya tenido tanta suerte jugando a la lotería a pesar de que uno lo más que pueda llegar es a tres en la primitiva, los hechos y los casos a los que estos personajes se enfrenta se han hecho tercos y cada día que pasan por un tribunal a declarar salen imputados de más delitos que los que tenían. Suárez Trenor fue, como presidente de la Autoridad Portuaria, el que adjudicó las obras del dique exterior que ahora se han paralizado y lo hizo en un pleno que era el último de su mandato, con un orden del día que se ventiló en pocas horas aunque hubiera supuesto meses de trabajo real y con un proyecto adjudicado a dedo a empresarios como Antonio Plasencia con clausulas de lucro cesante, por si las obras no se realizaban, mayores de las que generalmente da la administración a este tipo de proyectos y que es de un total de 27 millones de euros que se van a embolsar sin mover una sola piedra. En cierto sentido el pelotazo ya está dado a cargo del dinero de contribuyente y no estaría de más que la Fiscalía Anticorrupción analizara la adjudicación de esta obra que se hizo por una vía urgente innecesaria. Recordemos que Garzón está procesando a altos cargos del PP por irregularidades muchísimo menores que esta.
Un nuevo varapalo a otro pelotazo como es el del gas natural licuado ha sucedido estos días no sólo con la paralización de las obras de Granadilla sino porque parece que los italianos de Endesa se plantean su relación con Gascan en Canarias dejando a la empresa de amiguetes como Cobiella, González el de Las Teresitas, Rodríguez de Azero o el propio Plasencia Regional Canaria de Energías S.L. con las cosas muy difíciles para introducir este carburante peligroso, generador de dependencias exteriores especulativas y contaminante productor de CO2 en Canarias. Esta misma semana la Mancomunidad de Municipios del Sureste de Gran Canaria, en un gesto valiente, calificaba de pelotazo la introducción de este carburante en el archipiélago y decía que iban a luchar con todas las armas del estado de derecho para que no se instalaran regasificadoras en esta isla.
Ante esta calaña de personajes y toda su basura mediática las organizaciones sociales que han rechazado y siguen rechazando esta infraestructura siempre han tenido claro que sus razones tenían más peso que los intereses de los empresarios que iban a dar el pelotazo con el puerto y no han cejado en su empeño de buscar justicia a pesar de que las cosas se llegaron a poner muy feas y de que las obras llegaron a comenzar. Y aunque el triunfo de estas suspensión cautelar de la ley de descatalogación de los sebadales por parte de un Berriel, que sigue en su cargo sin haber sido cesado o al menos haya dimitido, es muy probable, y deseable, que se convierta en definitiva cuando salga la sentencia no hay que dormirse en los laureles por ello. Ahora mismo el lobby que defiende este puerto está buscando en grandes bufetes de abogados nacionales e internacionales una estrategia jurídica para salir del embrollo en el que se han metido. Y es que no sólo el conglomerado de intereses de piche y hormigón que comprende los tres partidos mayoritarios, CC, PP y PSOE, como políticos ilustres y empresarios favorecidos por el sistema siempre tratarán de sacar el dichoso puerto adelante sino que en Tenerife, por supuesto que en toda Canarias en general, queda mucho por hacer.
El PSOE tuvo en sus manos la documentación que ha servido para esta suspensión cautelar. Varios miembros de Ben Magec se la dieron en mano nada menos que a López Aguilar y a Santiago Pérez para ver si conseguían frenar el puerto vía Ministerio de Fomento en una solución muy cómoda para que no contradijeran su histórico sí a la infraestructura. Lo que hicieron con ella no se sabe hasta la fecha pero sí la bronca que le echaron a Ben Magec en esta reunión ya que los que fueron a la justicia a todo riesgo fue esta pequeña organización que tiene problemas hasta con sus gastos corrientes y no un partido que como todos los grandes se les han investigado y sentenciado tramas de financiación irregular. La ciudadanía ha superado con creces la mayoría de edad para defender los asuntos que inciden sobre el interés general sino que también lo han hecho con más justicia, dignidad y buen hacer que nuestros dirigentes que, cuando ocupan cargo público, no hay quién los despegue de él.
El conjunto de intereses particulares que defienden este puerto, grandes sectores del PSOE, PP, CC, CEOE, de vendidos como el sindicato de intereses y empresa de generar trabajo temporal como UGT o el propietario de muchas voluntades políticas y líder de FEPECO Antonio Plasencia han puesto en marcha sus maquinarias mediáticas de intoxicación masiva de la opinión pública para confundir a ésta sobre lo que realmente hay detrás de este puerto enunciando la terrible perdida para el progreso de esta región del planeta que esto supone, la pérdida de puestos de trabajo por la paralización de las obras o que el futuro de la economía canaria está en peligro por el capricho de unos pocos. Seguramente los que publicamos o leemos cosas como esta sabemos perfectamente que el tráfico de mercancías está en declive, en el mayor puerto de Canarias que el de La Luz y Las Palmas hay nada menos que un ERE con buena parte de la plantilla de estibadores afectada y que pronto desatará conflictos laborales, que la construcción del puerto apenas generará empleo y que lo que es pan para hoy, a determinados empresarios, será hambre para mañana cuando se carguen la economía de una zona o que los que nos oponemos al estropicio de nuestra tierra porque favorece unos concretos intereses particulares lo hacemos con razones, por justicia, y lo que es más importante, con enfoques alternativos y viables. Todo esto está ahí pero hay que saber comunicarlo a una importante parte de la ciudadanía que normalmente pasa de todo este tipo de cosas porque no sólo es que estén desmovilizados por las armas del capital sino que bastante tienen con llegar a fin de mes porque no entienden que los problemas particulares que tienen derivan de malos enfoques en el proyecto de vida común de esta sociedad.
En Canarias se ha dejado a la mayor parte de la población vendida a un sistema económico que genera grandes riquezas para unos pocos, la popular cultura del pelotazo, a costa de depredar sobre el territorio, acumular riquezas y crear grandes desigualdades a través de sistemas financieros en declive a base de mantener una masa social poco crítica y agradecida de participar en las migajas de éste desarrollo. La crisis inmobiliaria y de la construcción, crisis que tiene una escala global y que se la veía venir, ha dejado en el paro a mucha gente que lo único que sabía hacer en su vida era trabajar en la construcción y que debido a las nulas políticas activas del Gobierno de Canarias va a ser muy difícil recolocar a esta gente, desde el bloque y el hormigón hacia el portátil y la web 2.0 hay un abismo de carácter cuaternario, y que van a ser las masas sociales que van a chocar contra el sistema porque va a anidar el descontento y sobre las que se está haciendo ya una manipulación mezquina y descarada. A las pocas horas de la paralización de las obras de Granadilla un sindicato de sin vergüenzas que durante décadas han vendido a los trabajadores, envilecido el movimiento obrero y echado para atrás muchas conquistas sociales como UGT criticaban la paralización de las obras porque éstas significaban la pérdida de empleo.
En este después de la sentencia de suspensión cautelar hay un elemento muy importante que no se tenía antes: la visibilidad mediática de las justas y razonadas reivindicaciones contra esta infraestructura. Se ha pasado del hecho de que toda la prensa tradicional ignorara y ocultase el conflicto, sirviendo de correa de transmisión del problema, a que los ecologistas, no me gusta este término pues el ecologismo serio tiene mucho de crítica social y económica y esta palabra tiene una carga peyorativa que tiene que ver con la moda verde o con los nefastos partidos políticos verdes que tanto daño han hecho a la izquierda, sean llamados para ruedas de prensa o para hacerles entrevistas a nivel de las que antes se hacían a políticos y empresarios. En mi opinión hay que aprovechar estas nuevas circunstancias para difundir estas luchas y las causas justas que reivindica la ciudadanía organizada. El 14 de marzo hay convocada por la Comunidad Científica de Tenerife una gran manifestación, la quinta contra esta infraestructura, que volverá a llenar de colorido las calles de Santa Cruz esta vez en un ambiente de celebración que estos años ha estado empañado y que seguramente será ampliamente seguida por los medios, no les queda otra, pues en las anteriores cuatro ocasiones las hicieron invisibles en sus ondas y sus papeles. En la labor de pedagogía social que desde los movimientos sociales se debe hacer para con la ciudadanía sin duda hay una muy importante y es que las propias administraciones conozcan las leyes que aprueban pero que apenas aplican. Canarias cuenta con una batería enorme de leyes ambientales pero resulta que, en mayor medida, es la propia administración la que las incumple. Es muy fácil hincharse como pavos ante otras comunidades diciendo la gran cantidad de leyes o zonas del territorio que Canarias tiene protegidas si luego estas leyes ni se conocen, ni se cumple o lo que es peor se intentan vulnerar de manera consciente. Y es que lo que hizo Ben Magec, de la buena mano del abogado Pedro Fernández Arcila, no fue una chapuza jurídica con el decreto del no dimitido Berriel sino una interpretación firme y concienzuda de las leyes que existen en Canarias. Ni más ni menos.
Canarias 24 Horas, 9 de marzo de 2009.
