Canarias en tanto que Comunidad Autónoma políticamente gobernada por cualquiera, aunque sobre todo en la última década larga por la derecha más ultra liberal de CC y PP, cuenta con tantos despropósitos políticos, ambientales, de corrupción, financieros, tributarios y de dejar de lado sus raíces e idiosincrasia, que si quisiéramos nombrar la última maniobra de éstos cuando lo hiciéramos esta ya se habría quedado caducada como los yogures. Muchas veces he dicho que la mejor forma de mantener alejados de las fauces de la calaña político constructora gobernante canaria determinados logros y derechos sociales es con la retirada de determinadas competencias, sobre todos ambientales, educativas, judiciales y sanitarias, de las manos de esta gente que en los últimos 20 años no han hecho sino deteriorarse para los ciudadanos de las islas. Aún así el hecho de que Canarias cuente con el dudoso honor de ser la primera autonomía que de manera voluntaria, esto es un eufemismo porque lo ha decidido un Parlamento que ya sabemos que el papel timbrado en el que se estampan las firmas de miles y miles de ciudadanos de las distintas ILP acaba en los culos de sus señorías pues lo deben aprovechar como papel de baño para estas dependencias que tiene una parte ocupada ilegalmente, haya renunciado a una de sus competencias transferidas como es la tutela de los menores inmigrantes no acompañados nos debe dejar a la mayoría de los ciudadanos sonrojados, enojados y completamente indignados por la vergüenza que a nivel nacional y hasta internacional hemos tenido que pasar
Un menor es un menor aquí o en Pekín, haya nacido en un triste poblado de Mali o se haya criado en Escaleritas o El Sobradillo y esto es así por multitud de acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la más particular de los Derechos de Niño. El chantaje con el que Paulino Rivero ha estado jugando con estas competencias y con estos menores, importa una mierda dónde hayan nacido y cómo hayan llegado a Canarias porque están aquí y aquí es dónde hay que atenderlos, no sólo es repugnante sino que muestra la mayor de las vilezas de un político que ha llegado a llevar la presidencia de la comisión del 11M porque no había otro más neutral y guarda consigo muchos secretos de estado. Cuando alguien sin mérito alguno se encumbraba en el siglo XIX se decía que era la suerte del segundón y vemos que en el XXI esto sigue sucediendo. En un gobierno cuya vicepresidencia huele a salmón y presunta corrupción, donde Berriel en lugar de dimitir ejerce de secretario de fomento desde la plaza de medio ambiente y se descatalogan especies protegidas para el pelotazo constructor de los amigos empresarios en puertos ilegales, donde se hacen concursos eólicos a medida de multinacionales o de amigos como el caso de la TDT, donde la educación funciona de milagro y la sanidad se aproxima al desmantelamiento y la beneficencia que la hayan la hayan tomado en contra de estos chicos completamente desprotegidos es indignante. Sólo dos datos para ver cómo este gobierno está completamente instalado en el sector del no a todo y generador de violencia social: con un PP de segundo de a bordo completamente corrupto donde nadie se fía ni de su sombra con sucias tramas de espionaje le sirve de tapadera un gobierno de CC de bases racistas y xenófobas y donde la ayuda al desarrollo con África significa sólo buscar la manera de que sus empresarios puedan blanquear el dinero acumulado de manera dudosa en los fondos de la RIC es lógico que uno chicos, con la piel más oscura encima, importen una puta mierda.
Puede que ya nadie lo recuerde pero en el año 2005 el entonces Diputado del Común de Canarias Manuel Alcaide, antes de su perla de despedida del cargo en la que cargaba contra la inmigración y la famosa capacidad de carga del archipiélago que ha servido para tanta demagogia, calificaba de maltrato institucional al que recibían en los centros los menores con medidas judiciales del archipiélago tras dos muertes, un suicidio y un asesinato, varias violaciones y las continuas vejaciones a las que los menores estaban sometidos a pesar de ser más blanquitos y de la tierra como seguro que pensarían para sus adentros muchos gestores de CC. Esta misma semana ha salido a la luz otro informe del Defensor del Pueblo de España en el que se deja como parques de diversiones de Disney las antiguas instituciones de reforma, los famosos reformatorios, de la época franquista si se comparan con los actuales centros de retención de menores con medidas judiciales de muchas comunidades autónomas como es el caso del de Picón del Jarama dependiente de la Comunidad de Espionaje de Madrid. En este tipo de centros las vejaciones son algo común, están atendidos por personal no cualificado, en el caso de Canarias denunciaba Alcaide que algunos auxiliares tenían condenas judiciales, los castigos psicológicos están generalizados pero no tienen carácter educativo sino son de castigo por sí mismos y hay un abuso indiscriminado de medicaciones sedantes sin ningún tipo de protocolo médico establecido. Los menores, para la mayoría de las administraciones autonómicas que son las que tienen las competencias, son simplemente un estorbo y como los jóvenes no votan, no tienen recursos económicos y provienen de lugares marginales no cuentan igual que los ciudadanos de primera y de ahí que les importe un bledo lo que sea de ellos a pesar de que su marginalidad se deba a causa del despliegue de políticas de carácter liberal que en sí crean marginalidad y que han sido los mismos políticos los encargados de desarrollarlas. En este sentido la administración hace dejación de sus funciones de tutela, guía y corrección de estos jóvenes y subcontrata el mantenimientos de estos centros con la excusa de que son especialistas en estas cosas a, en el mejor de los casos, ONG cristianas o en el peor a empresas con ánimo de lucro que ven en la marginalidad una suculenta vía de negocio por lo que no les interesa que ésta se resuelva y empobrecen el servicio reduciendo costes laborales con personal nada cualificado, racaneando con las comidas y creando macro centros de hacinamiento de chicos y chicas.
En caso de Canarias de la devolución al estado de las competencias sobre la protección de los menores inmigrantes no acompañados es paradigmático del mal hacer de las instituciones en general pues nadie se escandaliza del asunto ni hay ceses ni dimisiones a pesar de que se han estado utilizando a estos menores como moneda de cambio para chantajear a Madrid mientras la comunidad ha dejado de atender adecuadamente a estos jóvenes amparados por declaraciones internacionales y ordenados en la Constitución como Derechos Fundamentales. En estos momentos que la vuelta del estado es imparable, innegable y completamente necesaria y si se ha puesto fondos públicos para salir al rescate de bancos, entidades financieras y hasta empresas desde las instituciones públicas se debe retomar con fuerza los derechos sociales y recuperar el completo control del estado de bienestar para que las personas vuelvan a ser consideradas como ciudadanos y no con el perverso término de matices ideológicos del mercader de usuarios. Una ley a nivel nacional, yo diría que de toda la Unión Europea, el en que sean las instituciones públicas sean las que se hagan cargo de estos jóvenes y una dotación presupuestaria adecuada se imponen de manera necesaria para resolver todos estos casos de marginalidad que mientras estén gestionados por supuestas ONG y empresas privadas se acabarán haciendo crónicos y tratarán de hacernos creer que son situaciones inevitables cuando en realidad esto es sólo una creencia. Eso por no nombrar a la canalla gobernante que hace de determinados menores moneda política de cambio para intereses particulares.
Canarias 24 Horas, 8 de febrero de 2009
