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Ante el comienzo de las obras del puerto de Granadilla el viernes 13 de febrero la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales que están en contra de este proyecto han reaccionado de manera rotunda pero serena cosa que, sin lugar a dudas, ha debido dejar descolocados a los que, usurpando las instituciones, han tratado estos años de impulsar el proyecto a toda costa aunque esto supusiera vulnerar las leyes para dejar claro que el primer delincuente en Canarias son las mismas instituciones ya que ni son capaces de respetar la legislación que ellas mismas hacen. No es de recibo que haya sido el propio Vicepresidente autonómico José Manuel Soria el que haya acusado al PSOE de detener indiscriminadamente a ciudadanos en Canarias relacionados con los casos Góndola y Faycán cuando lo que muchos vemos en estas actuaciones es que por lo menos la separación de poderes del estado ha estado funcionando aunque sea bajo mínimos y que ha habido investigaciones judiciales y policiales que han llevado a estas actuaciones. No es casualidad que Soria haya estado defendiendo de manera vehemente a estos presuntos delincuentes que parecía que cobraban comisiones para financiar al PP en Telde, aunque luego se arrepintiera y se quedaban el dinero para ellos mismos, o que eran favorecidos por el poder a la hora de saltarse la moratoria turística y construir instalaciones de super lujo hotelero en Gran Canaria. El PP es capaz de esto y de mucho más como se ha estado desvelando con la trama de Francisco Correa investigada por el Juez Garzón, hasta factura a su salud le ha pasado estos días, no sólo porque a Francisco Camps le guste vestir muy bien, los 30 mil euros en trajes pagados por El Bigotes son una metáfora del tren de vida en el que se han instalado, sino porque ahora lo que toca es acusar que esté funcionando la separación de poderes y el Estado de Derecho para tratar de apartar a estos miserables de la caja en la que se encuentra el dinero público que debería de ser sagrado y no las encíclicas de la Santa Sede que parece que son las que dictan las formas del PP. En fin, qué íbamos a pensar si no de un partido en el que no se fían entre ellos mismos y son capaces de espiarse con todas sus consecuencias.
Mientras contra este puerto están en marcha las vías penales, la Fiscalía de Medio Ambiente ha llamado a declarar a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente para investigar la posible falsedad en documento público con la descatalogación de los sebadales de las costas de Granadilla, la Comisión Europea abre un expediente al Reino de España porque desde hace más de un año las instituciones canarias no han sido capaces de designar 174 Zonas de Especial Conservación como LIC, Lugares de Interés Comunitario, incluido el sebadal del Sur de Tenerife y desde las instituciones comunitarias se denuncia el urbanismo salvaje que se ha dado en España pero sobre todo en las islas, Paulino Rivero no sólo no ha destituido al Consejero Domingo Berriel, o éste ha dimitido por dignidad, sino que le ha dado una palmadita en el hombro. Es más, ha atacando a los opositores del puerto no sólo ninguneándolos y llamándolos minoría sino que demostrando que el Presidente, que debería ser de todos los canarios, no tiene ni puta idea de lo que es la democracia y qué significa ejercerla. Mientras ha pasado un año completo en el que la Consejería de Medio Ambiente no ha ejercido su función de designar como LIC 174 lugares de especial conservación de Canarias la obsesión de Berriel ha estado más dirigida, como si su puesto fuera el de Consejero de Fomento, principalmente hacia dos cosas. Por un lado tumbar la ILP de Ben Magec Ecologistas en Acción, respaldada con más de 40 mil firmas, para establecer una verdadera moratoria en el archipiélago con una Ley de Medidas Urgentes que no es más que una carta blanca a los constructores pues si se llega a aprobar hará susceptible de construir en cualquier lugar de nuestro archipiélago y por otro allanar el camino de la Autoridad Portuaria y a los especuladores con la rebaja en la catalogación de la especie Cymodocea nodosa que dificultada las obras del puerto de Granadilla llegando, como parece que ha sido, a la falsedad documental. Mientras estos 174 expedientes de lugares a proteger estaban dormidos en los archivos de esta consejería, uno que ya sabe cómo funciona esta gente se atreve a decir que los altos cargos ni se habían enterado de su existencia o les importaba un bledo, la pasmosa agilidad en resolver las centenares de alegaciones contra la descatalogación del sebadal, pasó poco más de una semana, no deja de ser sorprendente. Entre otras denuncias, por supuesto ahí están los trabajos jurídico de Ben Magec y Pedro Arcila de ATAN, la fiscalía ha admitido a trámite una contra el Consejero Berriel por supuesto tráfico de influencias y prevaricación contra su persona de la que sólo espero que la justicia actúe como debe hacerlo y si algún día se demuestra que esto ha habido delitos que pague con su patrimonio, su libertad y que sea alejado de cualquier cargo público para que se demuestre, de una vez por todas, que los delitos de corrupción no salen gratis en Canarias y que el que la hace debe pagarla.
En las islas la alta delincuencia de guante blanco ha salido siempre gratis: nadie ha ido a parar a la cárcel por la mala expropiación del Parlamento, por los fraudes multimillonarios del Icfem, por el caso Tindaya o por la Montaña de Tebeto a pesar de que son casos escandalosos y que todos ellos van a dejar hipotecadas las cuentas canarias por muchas décadas. Durante años los ciudadanos canarios han sido pasivos y al pelo nos venía el epíteto de aplatanados. Las cosas están cambiando y como si de un espíritu conjunto de Vilaflor se tratara la ciudadanía se está dando cuenta que la mejor manera de solucionar sus cosas no es esperar a que los políticos, que sólo cada cuatro años se acuerda de nosotros para pedirnos el voto, las resuelvan a su manera sino que de manera natural han venido a tomar la democracia debido a la baja calidad de ésta que hay en las instituciones. Y es que esta vez el chanchullo de Domingo Berriel, Paulino Rivero y Pedro Rodríguez Zaragoza han llegado tan lejos que los verdaderos medios antisistema y antisociales como es el grupo de comunicación El Día no les ha quedado otro remedio que hacerse eco de las quejas de los ciudadanos. Atrás quedaron los tiempos en que una manifestación contra el puerto de Granadilla de más de 100 mil personas era ninguneada por la prensa, por los políticos y manejada a su antojo por el propio Presidente del Gobierno Adán Martín Menís con la famosa manipulación de las fotos de la avioneta de Grafcan. Este 14 de marzo el gobierno y la camarilla de indeseables que lo rodean no les va a quedar otro remedio que estar pendientes a la que puede ser la mayor manifestación de la historia de Canarias promovida por la Comunidad Científica de Tenerife para protestar por la rebaja en la catalogación de las praderas de sebadales en el entorno de las Costas de Granadilla. De su parte están los intereses oscuros que esconde y a los que favorecen con sus decisiones impuestas y antidemocráticas, de las nuestras la búsqueda de la verdad y la preocupación por nuestro entorno y nuestro futuro económico y político. Sin la oposición ciudadana las costas de Granadilla estarían destruidas hace década y contarían con un puerto inútil. Con la oposición ciudadana este puerto se va a parar.
Canarias 24 Horas, 22 de febrero de 2009.
