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Nunca pensé que iba a coincidir con Mariano Rajoy en una cosa fundamental y es que, en efecto, el desfile militar del 12 de octubre, que celebra el genocidio sobre los pueblos indígenas de América, es un absoluto coñazo. Tampoco que iba a pasarme lo mismo con George Bush cuando afirmó este sábado pasado que la actual crisis financiera y económica es un problema global y como tal hay que actuar para salir de ella. Hasta aquí llega mi coincidencia con estos seres pusilánimes que representa la ultraderecha más feroz que ha conocido la humanidad y que afirman estas rotundas verdades el uno a micrófono abierto y el otro sin saber que había uno en tal estado. Lo que sí podría ser un verdadero coñazo, si no fuera por la gravedad del asunto, es la continuada saturación informativa de esta crisis económica que no deja de sorprendernos cada minuto y donde la acumulación de nuevas informaciones más increíbles que la anterior nos ha hecho perder la perspectiva de qué ha causado lo que está pasando. La globalidad de la crisis se debe a lo podridas que están instituciones como el FMI y al nulo control político de las transacciones y operaciones financieras que han hecho de carácter planetario una crisis que en principio pusieron en marcha una serie de especuladores norteamericanos al dar hipotecas a personas que no las iban a poder pagar. No sé si es mejor ir, como el imputado por cohecho vicepresidente Soria hiciera cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria, a pescar salmón invitado por algún empresario noruego o seguir este despiste mediático que un día tras otro oculta realidades más cercanas.
Y es que en las costas canarias no se puede pescar salmón porque este es un pez de río pero sí que se da mucha especulación e irregularidades de las que el señor Soria quizá tuviera mucho que contar si no se empeñara en defenderse diciendo que a él no le han imputado, todavía habría que añadir irónicamente, por tráfico de armas o de drogas. Este martes 7 de octubre en la localidad costera de Cho Vito se cumplió la ley con el brutal y desproporcionado desalojo de los habitantes de esta barriada costera por tierra, mar y aire que ocupaban, desde hace muchos años, una zona pública al estar sus casas a menos de 50 metros del dominio marítimo terrestre. Lejos de alegrarnos porque la ley se haya cumplido, cosa que no pasa muy a menudo, somos muchísimas las personas que pensamos que ese día es uno para estar tristes por haber sentido tal infamia. Como siempre en este archipiélago los poderosos se suelen salir con la suya y es hacia las clases más populares contra las que se carga todo el peso de la ley. No hay más que darse una vuelta por la zona, o mirar desde una plataforma digital de mapas como Google Earth, para comprobar cómo toda esa franja costera está ocupada por industria, chalés y piscinas privadas y nadie ha ido a aplicar la ley de costas y, es más, parece seguro que no se vaya a aplicar nunca en estos lugares.
Desde los propios vecinos afectados y la organización Justicia y Sociedad se ha denunciado estos días que los intereses del derribo del poblado de Cho Vito se ocultan no sólo en la urbanización de los terrenos que están detrás de este antiguo poblado, que pertenecen a Antonio Plasencia, sino que el PIOT contempla un puerto deportivo utilizando la bahía natural en la que está ubicada la central eléctrica de Las Caletillas cuando ésta se desmantele. Esto no es otra cosa sino un completo pelotazo, actitud que es básica para entender la política que se hace en Canarias desde la llegada de la autonomía en 1982 y que considera las costas de las islas como el auténtico oro del archipiélago.
Ya sabemos la actitud cobarde del PSOE, de la Dirección General de Costas que controla este partido y del alcalde socialista de Candelaria José Gumersindo García que abandonó a sus vecinos, pero sería injusto dejarlos solos ante este pisoteo de hasta derechos fundamentales de los individuos cuando sabemos que en Canarias la cosa se configura con un trile cuyas otras dos patas son el PP y CC. De miserable se podría calificar la actitud de Coalición Canaria, uno de los que vendió ICAN a la ultraderecha de ATI como el Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife Wladimiro Rodríguez Brito tuvo la poca vergüenza de acudir a una concentración ciudadana, cuando ellos se han vendido al poder empresarial canario y llevan años instigando para el derribo de este poblado porque seguramente les favorece de alguna forma. Sólo hay que mirar el BOC del 8 de marzo de 1998 en el que Antonio Castro Cordobés como Consejero de Obras Públicas firmaba un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para ciertas actuaciones en las costas que ya comprendían el derribo de Cho Vito.
La Dirección General de Costas se defiende diciendo que la demolición de este poblado se enmarca en una política aplicación férrea de la ley de costas de 1988 cuando en realidad la gente tiene la impresión de que su aplicación, en este caso, ha sido algo completamente arbitrario. Esta dirección general dice que tiene catalogados en el archipiélago 1583 puntos conflictivos a los que desde aquí retamos a resolver de la misma forma que se ha llevado a cabo la de Cho Vito. Quien haga un poco de números se da cuenta enseguida que para resolver estos expedientes se necesita un presupuesto, que sin saber cuál es el actual de esta dirección general, no habrá de dar abasto nunca no sólo llevando las ejecuciones físicamente a cabo sino simplemente con el gasto de personal y papeleo que, debiendo guardar las garantías jurídicas de los ciudadanos, es necesario para estos casos. Mejor esta Dirección General se concentrara en impedir el mayor impacto a la costa de los países de la Unión Europea como es la construcción del devastador puerto de Granadilla y evitar que la empresa GASCAN y sus accionistas den el pelotazo del gas natural licuado en Gran Canaria y Tenerife con la construcción de las plantas regasificadoras de Agüimes y Granadilla.
Hay muchas coincidencias y circunstancias extrañas en este legal pero inmoral derribo del poblado de Cho Vito que ha resultado mediáticamente oscurecido por las cuatro semanas de informaciones de vértigo referentes a la crisis. Qué más iba a pasar que no nos enteráramos en Canarias donde el cohecho está a la orden del día y la pesca del salmón fuera de nuestro archipiélago está especialmente promocionada entre los altos cargos canarios. En las islas, frente a otros territorios decentes, el grado de imputación de un alto cargo en un presunto delito sirve para perpetuar alcaldes en un ayuntamiento o promocionar a diputados a la vicepresidencia autonómica. Y los habitantes de Cho Vito y los ciudadanos que con nuestros impuestos habremos de pagar este tipo de actuaciones somos un cero a la izquierda que sólo valemos para votar cada cuatro años.
Canarias 24 Horas, 13 de octubre de 2008.
