Que nuestro sistema que se dice democrático es uno meramente ceremonial no es ni un secreto para aquellos que se llenan la boca con la palabra demócratas cada vez que pretender dar una lección de democracia a la ciudadanía cuando sus actos demuestran ser siempre autoritarios. Ahí están los insultos de altos cargos políticos que llaman a una parte concienciada de la ciudadanía los del no o terroristas sociales, expresión acuñada por el imputado por el Juez Baltasar Garzón por las presuntas irregularidades en la concesión de una marina deportiva en San Andrés y presuntamente recién homenajeado por CC, y que demuestran el bajo talante democrático de personas que cobran de nuestros impuestos para, se supone, defender los intereses de los contribuyentes. Lacerante y paradigmático es el caso de la Iniciativa Legislativa Popular, que contó con 56.087 firmas, para defender las costas de Granadilla del daño irreparable que la construcción de un puerto industrial y que por connivencia del PSOE, PP y CC ni siquiera fue admitida a trámite en el parlamento autonómico.
Cuando se gobierna de espaldas al pueblo mintiendo a la ciudadanía no sólo se consiguen decisiones de bajo perfil democrático sino que se puede lograr que conflictos como el de la construcción del puerto en Granadilla sea la infraestructura con mayor contestación social no sólo dentro del Estado Español sino en toda la Unión Europea. Al margen de que las obras de este repugnante proyecto pudieran estar a punto de comenzar, y ya que hablamos de records, los promotores de la anterior Iniciativa Legislativa, Ben Magec Ecologistas en Acción, han comenzado la recogida de firmas, que acabará en marzo, para una nueva ILP a nivel de toda Canarias y que esperan superar las 100 mil firmas para legitimar un mayor respaldo al proyecto de ley. En este caso la campaña tiene como objetivo la creación de una ley de crecimiento cero en el ámbito turístico y tiene como lema Ni una cama más. Esperemos que el papel sobre el que se plasmen estas firmas no acabe donde mismo terminó el de las de Granadilla, en los baños del ocupado Parlamento de Canarias para que sus señorías trileras del PSOE, PP y CC lo usen para limpiarse sus posaderas.
La Ley 19/2003, de 14 de abril, conocida como la de moratoria turística, establece las bases para delimitar el proceso desmedido de crecimiento turístico en el que el archipiélago canario se encuentra inmerso y que, desgraciadamente, no se consiguió frenar con esta normativa. Es más, la anterior legislatura, la del paraíso de Adán Martín y de sus amigos los constructores, no sólo no frenó el crecimiento turístico desmedido sino que lo acentuó mucho más. Lo peor del caso es que esta tendencia se encuentra inmersa en el actual pacto de gobierno entre perdedores de CC y PP. Sin embargo, datos de organismos oficiales como el ISTAC demuestran que mientras la oferta turística de nuevas camas ha ido aumentando exponencialmente las Islas Canarias, como media, ha perdido no sólo en demanda alojativa sino en la estancia media de los turista que llegan al archipiélago. Por tanto, mantener el crecimiento turístico a los ritmos actuales no sólo es un acto de loca irresponsabilidad sino que es un factor más que nos encamina hacia el colapso.
La Iniciativa Legislativa Popular presentada por Ben Magec en todo el archipiélago canario viene a tratar de detener esta herida abierta en nuestro territorio no sólo proponiendo las medidas necesarias mientras se exigen las debidas partidas presupuestarias para poner en funcionamiento esta ley. Donde en el actual modelo de desarrollo turístico efectivo se encuentra el crecimiento sin ningún tipo de control la nueva ley a iniciativa popular trata de abundar en la calidad de los alojamientos, sobre todo los extrahoteleros que son más abundantes, a través de la renovación del parque actual existente que, recordémoslo, estaba ya impreso en la Ley de 2003 pero que nunca se puso en práctica. Las únicas excepciones que propone la ley serían las de alojamientos en zonas rurales de exclusiva rehabilitación de viviendas ya existentes, la reforma en edificios viejos de zonas turísticas que no supongan un aumento de plazas y la creación de nuevos hoteles en zonas rurales ya consolidadas y que no sean lugares catalogados como turísticos.
La admisión a trámite de esta iniciativa legislativa y su posterior aplicación sin ningún tipo de cortapisas no sólo debe ser una obligación entre la clase política del archipiélago sino un orgullo para todos los canarios que, a pesar de estar desunidos y desmovilizados, son capaces de secundar iniciativas de alto valor ciudadano, democrático y que muestran el mayor de los respetos por nuestro territorio. El proceso de recogida de firmas, y eso que sólo se lleva una semana y están ya las fiestas navideñas encima, va bastante bien y es de suponer que no cueste mucho superar a la ILP de Granadilla. Esperemos que esos falsos demócratas que tenemos la desgracia que nos gobiernen se muestren a la altura de las circunstancias cuando esta Iniciativa Legislativa Popular sea recibida en el Parlamento.
Canarias 24 Horas, 23 de diciembre de 2007.
