Si algo tiene que ser sagrado para un estado que se dice de derecho esto debe ser el uso, la transparencia y la adecuación a las circunstancias del dinero de los presupuestos que ha sido recaudado por los impuestos de todos los ciudadanos. Como contribuyentes netos todas y todos tenemos el derecho y el deber de exigir a los poderes públicos, eufemismo para hablar de la clase de políticos que casi nadie desearía tener en su casa a la hora de comer no ser que se lo mamen todo, que justifiquen y den cuenta de cada céntimo que pasa por las arcas públicas. Esto, claro, es algo teórico. Todavía recuerdo cuando siendo Jaime Mayor Oreja Ministro del Interior de Aznar a pocas semanas de tomar posesión en 1996 resolvió una crisis de un centenar largo de inmigrantes subsaharianos metiéndolos narcotizados en un avión y repartiéndolos sin ton ni son por distintos países de África. A todos se les dio un dinero, proveniente de los fondos reservados de ese ministerio, por las molestias. Haciendo honor a que a mayor oreja menor cerebro este ministro, el mismo personaje que ahora dice que hay gente que vivían bien en el régimen de Franco mientras éste reprimía y asesinaba, dijo en su momento aquello de teníamos un problema y lo hemos resuelto. No hay que olvidar que cuando el PP estaba ansioso de tomar el poder hicieron una cruzada contra el PSOE denunciando la corrupción y el mal uso de los fondos reservados. Demostrando el dicho de que siempre se puede hacer peor que los que nos han precedido en sólo ocho años el PP saqueó el Estados para enriquecer a sus amigos.
En Canarias la cuestión del dinero público es de locos. Sólo hay que comenzar por ver el sistema fiscal que tenemos y que, sin duda, es de los más injustos que existen en la actualidad. Declarado el archipiélago Región Ultraperiférica, para honra de aquellos que encuentran en el complejo de inferioridad y en la situación geográfica una fórmula mágica para acrecentar sus riquezas, existe y se ha ampliado un sistema llamado Reserva para las Inversiones de Canarias, RIC, que ha introducido irregularidades muy grandes en el sistema económico y que ha sido el principal motor, junto con la avaricia de muchos, del deterioro ambiental y social de las islas. Creada en un principio para fomentar el empleo y el desarrollo ha significado un instrumento notable de evasión fiscal y de enriquecimiento ilícito que ha forjando y consolidado las grandes fortunas del archipiélago. Con la RIC se ha conseguido que las empresas dejen de pagar, cito cifras de hace más de un años pero la cosa ha ido a más, hasta 18 mil millones de euros, si habláramos en pesetas serían tres billones, mientras las trabajadoras y trabajadores canarios son los que financiamos, mediante unos impuestos que no hay manera de evadir, la sanidad, la enseñanza y el funcionamiento de las administraciones. Luego está el tema de las subvenciones pues aunque España haya dejado de ser región preferente en este tema por la UE sin ellas no se entendería el hambre voraz de construir infraestructuras inútiles en el archipiélago que no son más, la mayor de las veces, que una manera de trasvasar dinero público a empresas, constructoras, privadas.
Cuando uno piensa en todo esto se le vienen a la cabeza infinidad de preguntas. ¿Dónde están los fondos perdidos del ICFEM o los gastos de un estudio minero que nunca se llegó a hacer en la montaña de Tindaya? ¿Por qué a Ruano se le premia con una vicepresidencia después de haber sido uno de los abogados de la Comunidad Autónoma que tan mal hizo la expropiación del Parlamento de Canarias y haber dejando la Consejería de Educación con las peores cifras en calidad educativa de todo el Estado? ¿Por qué sonaban los nombres de altos cargos de ATI en tramas de blanqueo de dinero con el del mafioso John Palmer radicado en el Sur de Tenerife? ¿Por qué aparece el nombre de Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor en la contabilidad secreta de la empresa intervenida Fórum Filatélico? ¿Por qué se cuadruplican los presupuestos, cuando no se muestran bastante opacos a la ciudadanía, de auditorios, centros de arte o tranvías? ¿Por qué no se aprende de errores como el inoperativo puerto de Arinaga en Gran Canaria y se pretende copiar una infraestructura igual de imposible para las costas de Granadilla en Tenerife? La respuesta a todo esto es más sociológica que meramente económica. En Canarias existe un sentido peculiar de hacer política que tiene que ver más con los antepasados familiares caciquiles de los políticos que hoy en día pululan entre CC, PP y PSOE que con el funcionamiento de un sistema democrático normalizado. Con estas cosas no pasa ni pasará nada porque la cultura de lo público como finca privada es un axioma para una clase de políticos empresarios como la nuestra. Es más, se castiga la disidencia con ostracismo, vean sino no el caso de José Manuel Castellano, o a pagar las costas de los juicios a Ben Magec por el caso Tindaya o al Foro Contra la Incineración de Residuos por las torres oxidadas y tumbadas de Unelco. Vaya desde aquí, por cierto, la mayor de las muestras de solidaridad con Juan Jesús González portavoz del Foro Contra la Incineración.
Un ejemplo cercano y reciente de todo esto, de que en Canarias a los que nos gobiernan les importa un bledo lo que suceda con el dinero público porque no es de ellos sino nuestro, es todo el disparatado asunto que está sucediendo en torno al mercado de La Laguna. Arreglado el edificio cuando, según la impresentable oposición del PSOE en La Laguna, se sabía que había un problema estructural grave que tarde o temprano aconsejaría su cierre se abre al público para a los pocos meses hacer eso, cerrarlo. Ahora, con más dinero público del que ya ni se sabe de dónde puede salir, se cierra parte de una plaza pública, se refuerzan las estructuras de un parking y se construye uno provisional como si un mercado no implicara tráfico pesado, molestias a los vecinos y áreas de carga y descarga y éste, por la cara, pudiera ser colocado donde se quiera sin más. Ana Oramas y Fernando Clavijo en un lugar más civilizado que esta república bananera responderían ante la justicia por malversación de caudales públicos. Deberían, por lo menos, reconocer ante todos los habitantes de La Laguna que les importa un carajo el comercio tradicional, que andan fritos por liquidar a los concesionarios de puestos de este mercado y que lo que más desean es ceder este espacio, y el que está más atrás del Barranco de la Carnicería, a una gran superficie. Como en los casos mencionados más arriba es muy probable que a estos no les pase nada tampoco.
Los franceses, si no se llaman Nicolás Zarkozy, son muy mirados para eso de los dineros públicos. La consciencia de que el Estado son, en efecto, todos los ciudadanos ha calado muy hondo desde hace generaciones en Francia. Como las leyes acaban por hacerse costumbres, a veces algunas costumbres acaban como leyes pero esa es otra cosa, se hace necesario una regulación más estricta y escrupulosa de cómo se hacen o se deben hacer los gastos en las administraciones públicas. Siempre me he mostrado a favor de un estado mínimo en cuanto a la legislación que fomenta la represión de la ciudadanía. En este caso, sin embargo, se trata de controlar de una manera férrea, y con la que no se tenga ninguna duda, los funcionamientos de los cargos públicos y de la administración. El dinero de todos y todas es muy importante para que cualquier mangante tenga acceso a él como sucede hoy en día.
Canarias 24 Horas, 18 de noviembre de 2007.
