Porque a la tercera no fue la vencida, otro noviembre más, las organizaciones sociales de la isla de Tenerife convocan a la ciudadanía a una gran manifestación que esta vez estará bajo los lemas No a la destrucción de nuestra tierra y en defensa del suelo agrícola y del medio ambiente. Como siempre la cita será a las doce horas en la Plaza de Weyler de la capital tinerfeña el 24 de noviembre con el habitual recorrido hacia la Plaza de la Candelaria. Si en estos cuatro largos años de movilizaciones se puede sacar una conclusión es que una parte relevante de la sociedad canaria se está estructurando a través de organizaciones sociales de diversa índole para defender los intereses colectivos en vista de que los gobernantes no sólo no hacen esto sino que son parte fundamental del problema del fuerte deterioro social, económico y ambiental que le archipiélago está viviendo desde hace algo más de una década. Lo que hoy ha impulsado a esta manifestación ha sido las expropiaciones de Los Rodeos, pero sigue estando el tema del puerto de Granadilla, la segunda pista del aeropuerto de Sur, la vía exterior, la vía de circunvalación y la falta adecuada de inversión en sanidad y educación.
Este hecho no es sólo legítimo sino además necesario teniendo como referencia el artículo 23.1 de la Constitución de 1978 y que faculta a los ciudadanos para que participen en los asuntos públicos de manera directa. Cualquier descalificación desde el poder para que los ciudadanos hagamos uso de este derecho no es sólo indigna sino además se califica por si misma de antidemocrática y autoritaria. En todo este tiempo desde el poder se nos ha llamado terroristas sociales, por un ex presidente de autoridad portuaria que se encuentra imputado por cohecho en la adjudicación de una marina deportiva, los que decimos a todo no, por un alcalde que se enfrenta a dos imputaciones también por cohecho y por, por lo visto, decir demasiado que sí a empresarios, y se nos acusó de no saber lo qué queremos por un ex presidente de gobierno cuyo teléfono móvil estaba memorizado en la agenda del empresarios Santiago Santana Cazorla que a veces le llamaba para saber de lo suyo. Negar a la ciudadanía su derecho legítimo a decidir las cosas que más conviene a la sociedad, más allá del acto ceremonial de depositar un voto ponderado por el sistema electoral cada cuatro años, no sólo es un contrasentido sino que demuestra que la mayoría de la clase política es la que no tiene ni idea de lo que significa la democracia. Paradigma de este estilo de político es Luis Mardones Sevilla que desde bien entrado el franquismo ocupa cargo público pero que alega problemas de conciencia para retirarse de la votación de la Ley de la Memoria Histórica. La misma conciencia, y la misma desmemoria sin duda, que en 1977 le impidió expedientar al policía que asesinó a Javier Quesada en la Universidad de La Laguna cuando él era gobernador civil.
Este sistema, que se dice democrático, está deslegitimado no sólo porque sea ceremonial y no deje que la ciudadanía participe en él o porque exista un sistema electoral injusto que ya quisieran para sí muchas repúblicas bananeras. Su deslegitimación proviene del hecho que no podamos saber los ciudadanos la procedencia del dinero con el que los partidos políticos se financian. ¿Quién paga los locales donde se reúnen los militantes del PSOE en Canarias y con qué empresario se ve, siempre que puede, el fraude electoral de Santiago Pérez? ¿Quién le pagó la desorbitada campaña a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife a Ángel Llanos por el PP para seguir de segundón eterno porque acaso tiene esto que ver con sus ignorantes declaraciones que hace del puerto de Granadilla? ¿Por qué suenan las siglas de CC cuando hay un alcalde capitalino acusado de financiación irregular de su partido? ¿Tiene que ver el burdo pelotazo de Las Teresitas con la cara campaña del CCN, que ostenta el hilarante record de ser la que más caro ha resultado el voto en las urnas, que tuvo un ridículo resultado electoral? Hasta que estas cosas no estén claras, y muchas más, no cabe deslegitimar a las organizaciones sociales, acusándolas, por ejemplo, de financiarse con un oro amarillo que nunca ha existido, sino que es el poder en Canarias el que hace mucho tiempo que no goza de legitimidad.
La administración debe ser la encargada de promover que la gente pueda participar directamente de la política a través de decidir en una parte importante a dónde tienen que ir destinados los presupuestos. Decir que los ciudadanos cuando emiten un voto dan un cheque en blanco a los políticos para que ellos decidan por nosotros no es sólo una falacia sino un acto de mala fe que trata de encubrir prácticas políticas de dudosa reputación. Los ciudadanos estamos más capacitados que muchos políticos para saber lo qué queremos. Sólo hay que oír las patéticas declaraciones del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, sobre el comienzo de las obras del puerto de Granadilla en el Diario de Avisos para entender esto y comprender que los que dicen gobernarnos no tienen idea de nada. La democracia real necesita sosiego, cosa que está reñida con el actual sistema que busca maximizar hasta el más mínimo segundo, no sólo porque el diálogo que encierra la verdad de las cosas necesita tiempo para fraguarse sino porque con él se puede garantizar unas decisiones políticas que tengan auténtica legitimidad y sean de calidad democrática. Justo lo contrario de lo que ha estado sucediendo hasta ahora.
Los que llevamos años vinculados con las organizaciones sociales en Tenerife tenemos claro desde la primera manifestación del 27 de noviembre de 2004 contra el puerto de Granadilla que deteniendo esa innecesaria infraestructura no se iban a terminar los movimientos sociales porque aquél no es un tema aislado. La imposición del devastador puerto en las costas del Sur de Tenerife es la forma de hacer política del trile que se esconde detrás de las siglas de PSOE, PP y CC y que está presente en la mayoría de las decisiones de las grandes infraestructuras. Es una lucha que tendrá lugar en el tiempo de los ciudadanos que democráticamente organizados nos hemos visto en la obligación de tratar de detener la vorágine en la que nuestra sociedad se encuentra metida y que no acaba más de empezar. No somos radicales ni anti sistema que tratamos de descomponer todo sino personas sensatas que deseamos que la cordura vuelva a la política, al sistema económico y a la sociedad. Los verdaderos radicales, los completos anti sistema, son los que buscan destruir todo para su beneficio sin pensar en el futuro y se encuentran amparados por las siglas de PSOE, PP y CC. Ellos son los del no, los auténticos terroristas ambientales y los que no se enteran de nada.
Canarias 24 horas, 4 de noviembre de 2007.
