Probablemente uno de los colectivos más combativos laboralmente hablado en Canarias, y esto no lo digo para menoscabar a la mayoría de los trabajadores que ya tienen bastante con sobrevivir a la precarización del empleo a escala mundial, sea el de enseñantes a título general. Es verdad que dentro de esta profesión hay gente que no se merecen ni un uno por ciento del sueldo que cobran, enseguida el pensamiento se me va a los centros universitarios de estudios superiores, pero estos son la excepción que confirma la regla que dice que el oficio de enseñar es de los más complicados y peor valorados en nuestra sociedad. Muy a menudo suelo recordar cosas que aprendí de algunos profesores que me acabaron marcando por una cosa o por otra y que me han servido para ser un ciudadano decente porque utilizaban conmigo, explícita o implícitamente, una influencia positiva que me acabaría marcando. Hoy en día, después de todo lo malo que ha caído sobre la educación, conozco a varias personas que pueden crear este tipo de influencias sobre sus alumnos y que seguramente la sociedad no se los agradecerá nunca.
Lejos de reconocer los méritos de personas como estas están los dirigentes educativos que en la última década larga y bajo la siglas de CC han dejado a la educación pública canaria con las peores cifras de toda España y siempre a la cola de todas las comunidades. José Miguel Ruano, uno de los abogados responsables de la mala expropiación de los locales anexos al Parlamento de Canarias que nos costará a todos los contribuyentes una cifra cercana a los diez millones de euros porque parece que a él el dinero público no le duele, gestionó la educación en Canarias con manos neoliberales que han hipotecado el futuro de miles de jóvenes. Su sucesora en el cargo bajo la dirección de Soria y Rivero, Milagros Luis Brito, va por el mismo camino aunque no se entere de nada ya que es capaz de confundir, intencionadamente, un ensayo filosófico político con un libro de texto para la enseñanza. Luego su sistema de propaganda es capaz de vender los presuntos logros de estos personajes, encima se hacen pasar por gestores, cuando lo que hacen es gobernar para su núcleo de intereses y privatizar todo lo que pueden.
Ningún partido nacional desde la llegada de nuestro sistema ceremonial democrático ha tenido la valentía política de abolir un sistema de concierto que subvenciona con dinero público a centros educativos privados y que es probablemente único en el mundo, con nuestros impuestos se sufragan a centros religiosos que tienen como ideología principal transmitir valores casi siempre sesgados, que ha hecho mucho daño a la educación pública que es siempre la más perjudicada en todo este asunto. En el Sur de Gran Canaria o Tenerife se da clase en aulas prefabricadas porque la enseñanza pública es la única que parece que tiene la obligación de acoger a los nuevos alumnos que se añaden al sistema educativo debido al fenómeno de la inmigración. Si hubiera un censo, cosa que no es posible porque hasta los políticos deshonestos tienen derecho a la privacidad de su vida, que indicara dónde estudian los hijos de los altos cargos de nuestros políticos seguro que veríamos que la mayoría lo hacen en colegios privados. Y esto es así porque no es un secreto que la mayoría de los políticos, militen en CC, en el PP o en el PSOE, no creen en lo público. En Canarias, como en la mayoría de los lugares del mundo, no hay fe política para la sanidad y mucho menos para la enseñanza pública. Reflejo de todo ello no es sólo que estemos a la cola de estos dos servicios públicos en todo el Estado sino que además no hay voluntad mínima para que las cosas vayan a mejor.
Las luchas en educación han sido tan largas y variadas estos años que es muy difícil dar una visión general de todas ellas. Baste con decir que la última reivindicación salarial de los profesores parece justa y digna. La clase trabajadora estamos siempre acostumbrados a enfrentarnos los unos a los otros. Desde el poder se descalifica las reivindicaciones de profesiones como la de los enseñantes porque dicen que no son justas ya que representan un sector de la sociedad muy privilegiado. Y en muchos casos lo son pero no debemos olvidarnos que si los médicos o los profesores lo tienen crudo qué no le deparará a los demás sectores laborales. Ya las políticas neoliberales del PP y PSOE en el Gobierno de España, junto con las imposiciones de una nada democrática Unión Europea, han hecho bastante daño a la calidad del trabajo como para seguir acrecentando ésta dentro de la misma clase trabajadora. En todo caso el plante de la consejera de educación a los profesores en huelga da muestra del bajo talante de Milagros Luis que es la encargada, y la que cobra un sueldo espectacular por ello, de supuestamente velar por el buen funcionamiento del sistema educativo. Luego dirá, como decía Ruano, que los profesores son los responsables de que miles de escolares se queden sin clase cuando es la misma consejería de educación la que no cubre adecuadamente las bajas de los profesores, por ejemplo, y tiene constantemente, por una u otra cosa, a miles y miles de chicos educativamente desatendidos.
La educación en Canarias debe ser eminentemente pública, gratuita y de calidad. Si el profesorado está desmotivado, raro es el año escolar desde hace una década larga que no hay un conflicto escolar, y no se le da un entorno digno el sistema escolar está abocado al fracaso. No se puede gestionar la enseñanza canaria como si los centros escolares fueran granjas de pollos o conejos como hizo Ruano y como está dispuesta a hacer ahora Luis Brito. Primero porque los alumnos merecen el mayor de los respetos, se puede decir que éstos en muchos casos han sufrido un abandono institucional por parte de la Comunidad Autónoma, y segundo porque los profesores no son meras máquinas que se engrasan y se sustituyen sin problema cuando fallan. Formar al actual profesorado ha costado a todos los contribuyentes mucho dinero y mucho tiempo de trabajo como para que se lo tire ahora por la borda como desde la Consejería de Educación gustaría que sucediera. Nuestros dirigentes están en la obligación de maximizar a estas personas para que su trabajo redunde en la formación de ciudadanos más libres y democráticos. Quizá es que, en efecto, tienen miedo a que la gente piense.
Referencias:
Canarias 24 Horas, 20 de octubre de 2007.
