La consigna que se respira en la política en general es la de trincar de ella todo lo que sea posible hasta que se pueda vivir de los réditos que ésta acabará produciendo. El paradigma de todo ello es el rey de la dinastía borbona que puso en el trono de España el dictador fascista Franco y que ha pasado de tener que pedir prestado a su padre, según un reportaje de la revista Diagonal, a contar en 2003 con una fortuna personal de 1.790 millones de euros y ser la persona número 134 más rica del mundo. Sin duda el hecho de que sea el jefe del estado y la excelente relación que mantiene con muchos empresarios ha sido determinante para que esto sea así. En un mundo en el que cabe el terrible error de que las personas se puedan dedicar a la política de manera profesional esta forma de actuar es un estilo a imitar.
En Canarias, pero ya sabemos que es algo generalizado en la mayoría de las administraciones del estado, es secular y tácito que después de las elecciones, coincidiendo con la época estival, se multipliquen los altos cargos y se suban los sueldos de parlamentarios, alcaldes y concejales. Lo que se ha podido ver estos días después de las elecciones del 27 de mayo han dejado como un juego infantil a personajes caraduras como aquel alcalde que tuvo La Laguna, Elfidio Alonso, que casi sólo acudía al primer pleno de la legislatura para subirse el sueldo y apenas pisaba el ayuntamiento por lo que la oposición lo acabó denunciando de haber dejado casi 70 mil decretos sin firmar después de los cuatro primeros años de su mandato. Hastiado de que lo llamaran El Pandereta dejó la alcaldía de La Laguna en manos de la niña pija peninsulera Ana Oramas para convertirse en un discreto parlamentario de la cámara okupa de Canarias durante varias legislaturas en las que nunca, jamás, se le conoció actividad política alguna si exceptuamos el festival Sabancerdo con el que aburre todos los años en las fiestas sosas del Cristo de La Laguna.
En el ayuntamiento de Santa Cruz, donde el alcalde desafiando todas las leyes de la probabilidad se ha sacado varias veces la lotería con lo que explica su fortuna personal nada acorde a su suelo, cualquier cosa es posible sobre todo después de que el mediocre segundón de Ángel Llanos sea teniente alcalde del municipio. Ex administrativo del refresco de la chispa de la vida, empresa a la que hubiera conducido a la quiebra de haber llegado a ser directivo y en la que deben estar alegres de habérselo quitado de encima aunque lo aguantemos los ciudadanos, es uno de los casos más escandalosos de nuevos ricos canarios hechos a través de la política, junto a su jefe el abanderado Soria que paga sus alquileres tras recibir recibos hechos a mano, que se ha dado en las islas. Especialista del donde dije digo digo diego no sólo no ha incumplido su promesa de destinar el dinero del proyecto de Las Teresitas a viviendas sociales sino que ha hecho un pacto de silencio con el imputado Zerolo para mantener el proyecto que tanto ha beneficiado al empresario Plasencia del que se insinúa que financió su última campaña. La penúltima cosa es que ahora se ha ido a Nueva York, en pleno aniversario del 11 S, a cuenta del contribuyente para hacer unas gestiones, y unas fotos con todo dios que se le pusiera por delante, y traerse un musical a Santa Cruz a pesar de poder hacer éstas por teléfono. Pronto, a imitación del imputado alcalde al que debe sus favores, lo veremos ganando la lotería, y sí no todo se andará. Y el PSOE no se escapa de tener sanguijuelas como éstas y tienen el ejemplo del cacique alcalde de El Rosario, Macario Benítez, que cobra más que un alcalde de la categoría de su pueblo y a poco que nos descuidemos cobrará más que un presidente de gobierno.
La proliferación sin sentido de altos cargos de confianza elegidos a dedo en las administraciones, sobre todo en el gobierno de Canarias donde Paulino y Soria se han repartido las carteras en un pacto de perdedores, es de vergüenza en una región como Canarias donde casi medio millón de personas viven bajo el umbral de la pobreza, los sueldos de los trabajadores son los más bajos de España o la sanidad y la educación están a la cola de los del estado. A la exigencia de los ciudadanos de mayor rigor presupuestario los dirigentes canarios responden con más despilfarro y blindándose más de la gente.
No se puede admitir de ninguna manera que personas que se dedique a la política, como el imputado y jugador con visos de ludopatía alcalde Miguel Zerolo, puedan estar más de 30 años viviendo de lo público. Franco estuvo 39 años como jefe dictador del estado en virtud a un golpe de estado que dio y por sanidad democrática no se debería permitir, por ley, que las personas que quieran ocupar cargo público estuvieran más de ocho años ejerciendo estas labores. Esto se debería regularse al mismo tiempo que debería ser obligatorio un estricto control del patrimonio de los cargos públicos antes, durante y después de haber ocupado el cargo. Los sueldos deberían ser testimoniales, el salario mínimo más un pequeño incentivo en función de la dedicación al cargo al mismo tiempo que de deberían prohibirse el personal de confianza ya que para determinadas cuestiones están los funcionarios que son, en realidad, los encargados de velar por lo público.
Esta propuesta es radical pero es de sentido común. Un cargo político debe ser vocacional en un estado que se le supone de derecho y democrático. Es completamente inmoral que una persona, como sucede en la actualidad, deba la totalidad de su patrimonio, transparente y opaco, por ser alcalde o presidente del cabildo. Si la gente quiere hacerse rica que se dedique a negocios de verdad privados y no ligados a lo público como sucede en la actualidad. Y que la jefatura del estado, en el tiempo que se tenga que soportar el estado como mal menor como se suele decir, que sea ocupada por personas elegidas de manera democrática y no por un supuesto orden divino que se establece de acuerdo a familia determinada. En esto la República de 1931 lo mejor que hizo fue abolir de España el injusto sistema monárquico que existía y que Franco se procuró traer otra vez después de haber expropiado durante casi cuatro décadas el estado para los suyos cosa que, en muchos sentidos, se hace también desde esta supuesta democracia.
