Reseña de “Calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias"
Que la Universidad de La Laguna arrastra múltiples deficiencias históricas y estructurales es un hecho innegable como también lo es que ya quisieran muchas Facultades de Economía, no sólo en España, contar entre sus profesores con un Catedrático en Economía Aplicada de la talla intelectual y humana de Federico Aguilera Klink. Ganador en 2004 del premio Lucas Mallada de Economía y Medio Ambiente es denostado suciamente por el poder, su entorno mediático y por la camarilla de estómagos agradecidos que se sitúa en este sindicato de intereses por mostrarse argumentablemente contrario a la construcción de un puerto industrial en las costas de Granadilla. Aún así este investigador no ha dejado de trabajar ni un solo momento no para el poder sino para los ciudadanos que son el fin último de sus trabajos. Fruto de esta vocación y de su pertenencia al Centro de Estudios Ecosociales (CEES) de la Universidad de La Laguna es el libro que recoge distintos trabajos y que ha compilado bajo el título Calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias editado por la Fundación César Manrique. Aunque los diversos artículos que lo componen fueron terminados de redactar a finales de 2005 no fue hasta un año después, finales de 2006, cuando sus letras vean la imprenta. Se presentó formalmente en el Ateneo de La Laguna el pasado 28 de febrero de 2007. Es por ello, sin quererlo realmente, por lo que este libro, que es un texto necesario para el movimiento social en Canarias, sale ahora oportunamente a la luz unos meses antes de las elecciones locales del 27 de mayo.
Acostumbrados estamos los ciudadanos a que sean las administraciones o las grandes empresas las que dirijan las investigaciones, delimitando incluso el objeto de estudio, a través del axioma el que paga manda que cuando vemos el sistema de funcionamiento del CEES de la Universidad de La Laguna no podemos sino sentir orgullo por este todavía discreto pero sin duda importante centro de investigación canario. El primer capítulo de este libro está escrito por José Manuel Cózar Eslacante y Juan Sánchez García y lleva por título Investigación orientada por la comunidad: la experiencia del Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna. Fundado a comienzos de 2003 en él se integran de manera interdisciplinar investigadores que vienen de campos como la filosofía, la economía, el derecho o la geografía para hacer trabajos de investigación orientados hacia la comunidad. Este tipo de investigación se guía por tres principios que son: la colaboración de investigadores académicos con miembros de la comunidad, la aceptación de diversos métodos de investigación y difusión de los conocimientos —sobre todo el método cualitativo de Investigación Participativa— y se destaca que la finalidad de la investigación sea la de producir cambios sociales que redunden en la justicia social. En Canarias los esquemas bajo los que se toman las decisiones de las grandes infraestructuras son de carácter autoritario donde la administración propone la solución antes de que se produzca un debate previo y una definición pública del problema por lo que la degradación ambiental actual es fruto de esta manera poco democrática de tomar las decisiones.
Esta última tesis formulada por Federico Aguilera en un trabajo de 2003 funciona como tesis central de las investigaciones que se recogen en este libro. Precisamente este autor tiene dos artículos, el segundo titulado Canarias como ultraperiferia de la democracia: rasgos e implicaciones fundamentales del modelo victimista y el sexto escrito junto a Juan Sánchez García que se llama El deterioro ambiental en Canarias como resultado del deterioro de la calidad de la democracia. En su tesis sobre el modelo victimista el profesor Aguilera desmotan todas y cada una de las falacias que el sindicato de intereses formado por políticos, empresarios y los media que habita en Canarias ha esgrimido o esgrime ante las administraciones centrales o comunitarias para hacerse con las subvenciones que por considerar al archipiélago como ultraperiferia de la Unión Europea recaen en las islas y que son, en el marco del sistema fiscal de Canarias y de la Reserva de Inversiones (RIC), el auténtico motor de la economía del archipiélago. Se denuncia y explicita el doble lenguaje empleado por los administradores del archipiélago —la lejanía del centro de la Unión es presentada como problema cuando luego se la vende como estratégica respecto a los negocios con África, se presentan las empresas canarias en desventaja competitiva a las de fuera cuando nunca han ganado tanto dinero como con los impuestos que han dejado de pagar por medido de la RIC o la presentación frente a Europa de la adversidad del clima canario cuando luego éste en las islas es calificado como ventajoso y competitivo— y que deja en evidencia de una manera rotunda a muchos políticos profesionales.
En el artículo que habla del deterioro ambiental como consecuencia de las malas prácticas democráticas los autores Aguilera y Sánchez destacan que sin duda en Canarias el principal problema medioambiental es la forma autoritaria en la que se toman las decisiones políticas. El análisis que hacen a dos niveles, las decisiones tomadas por los ayuntamientos y cabildos por un lado y las tomadas por el gobierno autonómico por otro, no tiene desperdicio explicativo del actual deterioro medioambiental en el que las Canarias están inmersas. Concretamente pone los pelos de punta leer la página y media del entrecomillado extraído del Informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas de Gran Canaria de 2001 en el que de manera directa se acusa a la Administración de ser el primer especulador y delincuente ambiental en virtud a que, debido a que los ayuntamientos están endeudados en el mejor de los casos por el despilfarro y la mala gestión o en el peor por la corrupción, ha encontrado en el urbanismo, que ha perdido su fundamento natural de ser el regulador de un bien escaso como es el suelo, un medio de financiación municipal muy ligado a la especulación.
La planificación urbanística también se recoge ampliamente en este trabajo en dos artículos escritos o coescritos por el profesor de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Laguna Fernando Sabaté Bel. El primero de ellos es el capítulo tercero y está escrito por la también geógrafa Luz Marina García Herrera y se titula Planeamiento urbano y participación ciudadana en Santa Cruz de Tenerife: entre el discurso participativo y la práctica oportunista. El título del cuarto ya escrito en solitario por Sabaté Bel es Aceleración autoritaria o sosiego democrático: del tiempo del capital al tiempo de la ciudadanía. En el primero de estos artículos se hace un estudio de caso del Plan General de Santa Cruz de Tenerife en el que se reflejan las deficiencias del plan debido al mal proceso de puesta en información del mismo como es la mala fe de la administración en la exposición pública del plan, las relaciones clientelares que se establecen con las asociaciones de vecinos o lo enmarañado e incompresible de los documentos en los que se expone el plan y que hicieron incompresibles a los vecinos la dimensión y alcance real de los brutales cambios urbanos que esta ciudad estará sometida sí se acaba aplicando. Este estudio de caso, por otra parte, es muy fácilmente exportable a otros municipios de Canarias.
En el capítulo que habla de la aceleración autoritaria o el sosiego democrático Sabaté Bel reflexiona desde la óptica del que ha trabajado dentro de los movimientos sociales y desentraña las bases del actual modelo autoritario que existe en el archipiélago. Concretamente en la isla de Tenerife hay que irse a los últimos años de la década de los sesenta del siglo XX donde a través del plan desarrollista de ordenación de la isla, conocido como Plan Doxiadis, se exponen los elementos fundamentales, puerto en Granadilla, anillo insular de carreteras, aeropuerto en el sur o los actuales ejes comerciales y ubicaciones de las grandes superficies de la distribución en la isla, que habrían de copiarse casi en su integridad en la actual etapa de gobierno autonómico. Etapa que en los casi últimos 20 años se han visto conformadas por las prisas de la lógica del capital pero que se hace necesario introducir el sosiego democrático que la calidad de las decisiones implican al bienestar ambiental del archipiélago.
El quinto capítulo está escrito por Juan Sánchez García y María Elena Sánchez Jordán y lleva por título La protección ambiental del suelo agrícola en Canarias. El Rincón (Tenerife) como referencia. Se trata de un importante y extenso trabajo sobre el marco jurídico de la protección del suelo agrícola en Canarias a través del estudio de la Ley 5/1992 de la Ordenación de las Zonas de El Rincón donde se evalúa la calidad de los objetivos descritos en esta ley especial, se analizan los procesos públicos de la elaboración de esta norma y del grado de cumplimiento que ha tenido y sigue teniendo pues, a pesar de muchos políticos y constructores, todavía está vigente. Sin duda este es el capítulo más complejo de esta obra que se caracteriza por su claridad explicativa pero que, pese a ello, no sacrifica la trascendencia general de sus investigaciones. También este es el más rotundo: en las conclusiones se propone la reforma radical de la legislación del suelo a través de un flexible sistema de sectores mixtos urbanizables-no urbanizables/rustico protegidos. Según los autores esta reforma es imprescindible para que la protección del medio agrícola pueda ser efectiva de una vez por todas ya que con las actuales leyes no lo es sino que se prima, como vemos día a día, su deterioro.
El séptimo y último capítulo es la transcripción del Seminario de las Medianías del Valle de la Orotava celebrado en noviembre de 2003 y editado por Juan Sánchez García. Sorprende leer hoy, casi cuatro años después, como todo lo que allí se dijo sigue completamente vigente. Un hálito de apesadumbramiento recorre la trascripción de aquel seminario cuando se alude a que después de la gran manifestación del 23 de noviembre de 2002 en contra del tendido eléctrico de Vilaflor que sacó a la calle a más de 130 mil personas Coalición Canaria ganara las elecciones. Quizás como algún informante de aquel seminario dice puede que las cosas no se muestren de una manera directa porque las éstas no son tan sencillas. Y este 27 de mayo, tres manifestaciones de cerca de 100 mil personas contra el puerto en Granadilla después, puede que los mismos de siempre que son los del no a la democracia, vuelvan a ganar las elecciones. Como dice Fernando Sabaté los procesos dialógicos tienen su ritmo más lento, más pausado. Lo que sí está claro es que en estos momentos de la realidad canaria se están formando redes sociales estructurales con gente que da la talla a nivel técnico y que son capaces de ofrecer explicaciones de mayor calidad democrática, ambiental y social que quienes, sólo formalmente, nos gobiernan. A este proceso, sin duda, contribuye claramente este libro recopilado por Federico Aguilera Klink fruto del CEES de la Universidad de La Laguna. Estoy seguro que este texto se convertirá en un referente básico para los movimientos sociales en toda Canarias.
