El día justo en que faltaban tres meses para las elecciones locales en Canarias, el 27 de febrero, la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife da la ultima cacicada de la legislatura y concede las obras del dique exterior del puerto en Granadilla, por un importe superior a 116 millones de euros, a una UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Promotora Punta Larga del empresario afín a coalición Antonio Plasencia y a Satocan. En el sentir de la calle, por lo menos en los ámbitos en los que uno se mueve, había una sensación general de indignación por lo que se considera un pelotazo descarado de un presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor, que tiene los días contados en su cargo después de que en diciembre de 2006 su nombre apareciera en la contabilidad secreta de la empresa Forum Filatélico y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Grazón, pidiera que se le imputara por cohecho porque este presidente había podido exigir una comisión de 25 millones de euros por la construcción de una pequeña marina deportiva, al lado de la envergadura de este puerto industrial, en la costa del barrio de San Andrés. El nombre de otro político saliente y usuario destacado de la telefonía móvil, Adán Martín Menís, sonaba junto con el de Suárez Trenor en la prisa y la nocturnidad con la que estas obras habían sido adjudicadas. No hay que olvidar que el PRI de Méjico que gobernó durante 71 años este país, y que ha sido comparado infinidad de veces con las formas caciquiles de coalición canaria, mantenía clanes de intereses en el gobierno durante una legislatura y luego éstos era relevados para que sucedieran otros nuevos que también se apropiaban de lo público para sus intereses personales. El trasvase de un sistema político a otro se lo dejo mejor a la imaginación del lector.
En el consejo de 25 miembros estaba representada intersindical canaria que se abstuvo en la votación. El nivel al que han llegado a vender y a traicionar a la clase trabajadora sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, que en algunas cosas actúan como gestoras laborales al estilo de las empresas de trabajo temporal para chupar dinero del estado, seguro que no tiene parangón en ningún país industrializado del mundo occidental. En Canarias desde hace un tiempo intersindical va por el mismo camino que los sindicatos mafiosos mencionados más arriba. En coherencia con su apoyo a las protestas en contra del puerto de Granadilla de estos últimos años debieran haber votado en contra de la concesión de las dichosas obras. Yo, sí estuviera afiliado a este sindicato, y no hubiera visto nada que me hiciera marcharme de él hasta ahora sin duda con este despropósito e incoherencia ya no tendría motivos para pagarles las cuotas con el dinero de mi trabajo. En los mismos papeles de Forum Filatélico investigados por Garzón apareció el nombre del presidente de la asociación de vecinos de San Andrés para ser untado con 12 mil euros para que se pusiera a favor de construir la marina deportiva en San Andrés. Una vez más dejo para la imaginación del lector lo que pudo haber hecho cambiar de parecer a los miembros de intersindical en el consejo de la autoridad portuaria.
El tema es tan flagrante que hasta los empresarios que se han quedado fuera de la adjudicación de las obras, representados por la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (CONCAP), han pedido estudiar el expediente para ver sí en él hay indicios de delito pues cuestionan que se han podido poner en juego la correcta gestión de fondos públicos. La obra será realizada mediante una operación muy parecida a la que permitió el pelotazo de la playa de Las Teresitas. Un grupo de entidades bancarias, BBVA, BSCH, La Caixa y Caja Canarias gestionará un crédito a las empresas constructoras. En cierto sentido el golpe ya está dado sin que sea necesario mover ni un solo kilo de cemento pues las empresas de la contrata tienen una cláusula de garantía de lucro cesante de algo más de 23 millones de euros por sí las obras no se llegarán a hacer. La Plataforma contra el Puerto de Granadilla ha puesto una denuncia en los tribunales por adjudicación irregular de obras, mala gestión de fondos públicos y por incumplimiento de las medidas ambientales corretoras impuestas por la Unión Europea para permitir la construcción de dicho puerto. Esperemos que la justicia dé buena cuenta de estas denuncias así como las de oficio que, cada día más, está obligada la fiscalía anticorrupción a abrir por todas las irregularidades que se han cometido en trono al puerto en Granadilla.
No hay ningún proyecto de infraestructuras tan social y ambientalmente contestado en la historia de la democracia reciente española como la construcción de este puerto. El movimiento social en trono a esta dañina infraestructura ha tenido que vivir momentos duros que la administración, siempre con la justificación de las razones autoritarias y nunca a través de auténticos procesos democráticos y de debate público, ha tenido como el rechazo de las 56.087 firmas de la ILP para defender la zona por el parlamento de Canarias, la acusación de terroristas sociales por los promotores de la obra o el epíteto de los de no por un alcalde y aforado que tiene dos frentes judiciales abiertos. Como bien dice el Catedrático en Economía Federico Aguilera Klink el entramado autoritario formado por empresarios y políticos tiene como estrategia inventar en estos casos la solución para luego denunciar el problema, se legitima como necesario el puerto en Granadilla porque el de Santa Cruz dicen que está saturado, y porque sus tesis no resisten el más mínimo debate público, la verdad es terca a la par que evidente, y niegan este derecho recogido en la constitución a la ciudadanía de debatir. Debe ser frustrante para un alto cargo que puede llegar a cobrar más de 60 mil euros al año ver como simples personas de la calle aportan soluciones más plausibles, razonadas y veraces que las que ellos dan en virtud a oscuros intereses.
El sábado 3 de marzo se había convocado por Ben Magec Ecologistas en Acción la primera protesta conjunta en contra del erróneo modelo de desarrollo que en Canarias se trata de imponer y que estaban representadas bajo el lema No con mi voto. Concretamente en Gran Canaria se hacía una manifestación contra la construcción de la carretera de Agaete a la Aldea de San Nicolás, en La Palma hubo otra contra la posible proliferación de autopistas en la isla y en Tenerife otra vez surgía el tema del puerto de Granadilla. En el caso de esta isla se hizo una cadena humana que unió el cabildo de Tenerife, el parlamento de Canarias y las sedes de los partidos trileros PSOE, PP y CC con las más de 5.000 firmas que esta organización ha recogido en los últimos meses contra la construcción del puerto y que iban a ser entregadas en Bruselas antes de que la Comisión Europea diera el visto bueno a las obras. Este acto fue convocado por internet, la cartelería referente era más bien escasa, y viene a demostrar lo que ya se ha dicho en otras partes: que en la isla existe una estructura social sólida que utiliza redes propias y que es capaz de movilizarse, a pesar de la censura total de los medios de comunicación, para este tipo de actos porque el rechazo al puerto en Grandilla no es un hecho circunstancial sino que está arraigado profundamente en centenares de miles de personas. En el conjunto de Canarias, y en virtud a esta protesta conjunta, parece ser que se están formando redes parecidas.
Los colectivos y personas individuales que estamos en contra de este puerto no vamos a parar de protestar contra esta infraestructura jamás, ante la vergonzosa actitud de las administraciones de secuestrar el diálogo, porque creemos que tenemos la razón en cuanto a lo nefasto que va a significar su construcción en los aspectos sociales, medioambientales y económicos. Sin embargo cada día tenemos más claro que los actos de este tipo están llegando a su fin y que va a ser necesario llegar a la desobediencia civil en todas sus consecuencias. Estos actos no sólo van a ser necesarios sino que además tendrán una categoría de justos porque lo que no puede hacer una administración es imponer a la ciudadanía por unas formas nada democráticas un puerto, o lo que sea, que cada vez menos gente quiere.
Enlaces a otros reportaje fotográficos:
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