El 23 de febrero de 1981durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno de España el teniente de la guardia civil Antonio Tejero Molina interrumpía, pistola en mano, la sesión parlamentaria al tiempo que Jaime Milans del Bosch sacaba en Valencia los tanques a la calle en una tentativa de golpe de estado que, pasadas pocas horas, acabaría fracasando. De aquel frustrado intento salió reforzada una monarquía reinstaurada por el dictador Franco y a la que muchos historiadores han quitado la sobre importancia dada durante aquellas horas, se acabó cerrando el diario fascista El Alcázar y muchos fachas descubrieron la gomina como método para hacerse pasar por demócratas de toda la vida. Justo 26 años después Ricardo Melchior presidente del cabildo de Tenerife y cuyo padre, en virtud a una carta de la inteligencia británica descubierta hace algunos meses, era investigado por el consulado británico en las islas como posible espía de la Alemania Nazi en el año 1939 daba con su famoso puño en la mesa y ordenaba desalojar la sala de juntas de esta institución a los ciudadanos que durante un pleno protestaban contra la sanción impuesta al trabajador de muesos y compañero José Manuel Castellano Gil.
Entre el pasado del padre del actual presidente del cabildo de Tenerife, el golpe de estado de Tejero y del Bosch y este pleno del 23 de febrero de 2007 no se tiende un fino hilo de casualidades sino que, en realidad, nos hayamos en medio de una tupida red de formas y estilos de entender la democracia que se asientan en el empoltronado poder autonómico y que en Canarias demuestra los rasgos más bananeros y caciquiles que hayan existido nunca en región alguna. Ya en 2004 este sistema cargaba contra el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna Federico Aguilera Klink cuando se le concedía el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas Malla. Sí en otras tierras una personalidad de este tipo es motivo de orgullo entre sus dirigentes por haber ganado un premio tan prestigioso en Canarias se le atacó por haber ejercido su libertad de expresión y justificar la inviabilidad económica y medio ambiental del puerto industrial de Granadilla. Por estas fechas también Ramón Pérez Almodóvar era relegado de su puesto de redactor jefe en la Agencia Canaria de Noticias por ser crítico hacia los poderes públicos cuando Román Rodríguez era presidente del gobierno de Canarias. Al final el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le acabó dando la razón a este periodista. Ambas personas tienen en común con José Manuel Castellano en que participaron en el libro El Paraíso según Adán 25 años de Caciquismo Autonómico. Ya hemos contado que por escribir este libro nuestro amigo Pepe Castellano está pasado un calvario laboral y vital al que este sistema que odia la libertad le ha estado sometiendo durante algunos años.
En Canarias apenas ha existido un sistema auténticamente democrático en todos sus años de historia. El parlamento de Canarias ha sido capaz de aprobar leyes inconstitucionales como la que propició la expropiación de las viviendas contiguas que ahora ocupan ilegalmente, la más reciente, también posiblemente inconstitucional, que permite armar todo el ruido posible en las fiestas populares y ha tenido la indecencia de rechazar las 56.087 firmas de la ILP para proteger las costas de Granadilla de la tremenda agresión que se le quieren hacer con la construcción de un nefasto puerto industrial. El hecho de que se cargara en su momento, o se siga haciendo ahora, contra estas tres personalidades, Federico, Ramón y José Manuel, por poner en cuestionamiento el modelo de desarrollo y las formas antidemocráticas que coalición canaria y la burguesía constructora impone en nuestra tierra y que el 23 de febrero de 2007 Melchior desalojara a los ciudadanos que pacíficamente manifestaban la injusticia cometida contra el trabajador de museos, con la presencia de 16 policías cuando sólo eran 10 personas, no se trata de hechos aislados sino que es la forma sistemática de actuar del poder político en Canarias que siempre se dirige contra los ciudadanos. Los políticos canarios se sienten sin duda más cómodos en formas de gobierno dictatoriales.
A José Manuel Castellano no le gusta que se hable en este caso de persecución política de su caso concreto sino que, en verdad, ésta debe ser enmarcada en un proceder más general por el que en Canarias se persigue la Libertad de Expresión. Sin embargo aquí tenemos que hablar de nuevo sobre su caso particular porque esta semana ha habido nuevos acontecimientos. Ya sabemos que su suspensión de empleo y sueldo por un año, efectiva desde el 15 de enero de 2007, se debe a una burda manipulación hecha a través del control de los poderes públicos al considerarse que en el libro El Paraíso según Adán se vertían descalificaciones contra determinados miembros del Organismo Autónomo de Museos del Cabildo que en vez de ser recurridas por los ofendidos en los tribunales ordinarios de justicia se le ha sancionado injustamente de manera laboral. El jueves día 22 Castellano acudió a los tribunales a pedir la suspensión cautelar de la sanción hasta que no haya un pronunciamiento en firme que haya analizado las apelaciones que ha presentado. El servicio jurídico del cabildo alegó a su petición que su plaza ha sido puesta en concurso de oposición, está para convocarse en cuatro o cinco meses, y reclamó que Castellano debía seguir cumpliendo la sanción porque sí no ganaba éstas pudiera pasar que, en efecto, no pudiera cumplir la sanción jamás. El hecho de su plaza fuera puesto a concurso de una forma relámpago nada más salir Castellano de su trabajo, la afirmación hecha por los abogados del cabildo en el tribunal que más bien suena a amenaza y el hecho de que sí se presenta a concurso, como bien puede hacerlo, se va a tener que enfrentar a las personas que lo atacan como miembros del tribunal añaden una nota más de esperpento a la situación por la que las personas que lo quieren tan mal lo están haciendo pasar estos últimos meses.
La administración es la primera que tiene la obligación de hacer que las leyes se cumplan y no puede de ninguna manera ser utilizada como arma contra una persona o grupo concreto como en efecto se hace en el caso de José Manuel Castellano o de grupos colectivos que utilizan el Derecho Fundamental de la Libertad de Expresión para manifestar su desacuerdo con decisiones que son injustas o que van contra el derecho. Un caso flagrante de este tipo de ataques es cuando el todavía presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y que sin haber dimitido se enfrenta a una posible imputación por cohecho al aparecer su nombre en una contabilidad secreta de la sociedad Forum Filatélico intervenida por la Audiencia Nacional, llamó a los centenares de miles de personas que llevan años protestando contra el maldito puerto de Granadilla terroristas sociales.
La expresión Todos somos Pepe Castellano que esgrimían los ciudadanos el otro día en la sala de juntas del cabildo no es una expresión hueca que se ha acuñado durante estos meses sino una fórmula que recoge el sentir de muchas personas que nos sentimos atacadas cuando van contra José Manuel Castellano. Por eso luchamos y lucharemos por la decisión que le expulsa de su trabajo ya que su causa es la nuestra. Su caso no es algo aislado sino que mañana mismo podría pasarnos a cualquiera de nosotros ya que las actuaciones que durante todos estos años ha habido contra él no son una excepción sino la regla que confirma la manera de manejarse de las gentes que controlan el poder en Canarias desde hace casi 30 años. Por eso que la intentona golpista y que la espantada del presiente del cabildo fueran ambas un 23 de febrero dejan de ser mera anécdota para convertirse en una metáfora de cómo funciona la cosa pública en Canarias.
