Canarias siempre ha tenido un sistema fiscal diferente al resto del territorio español. Ya durante la conquista y posterior colonización del archipiélago la Corona de Castilla concede a los colonizadores una serie de privilegios económicos para fijar las nuevas poblaciones en las islas. En el siglo XIX la aristocracia canaria presiona para que se instaure un sistema de exenciones fiscales que se plasma en la ley de los puertos francos de 1852. Más recientemente tanto la Constitución Española de 1978 en su Disposición Adicional Tercera, como los distintos Estatutos de Autonomía de Canarias, el Tratado de la Unión Europea en el Artículo 87.3.a. y hasta la herida de muerte, y esperemos que pronto fallecida, Constitución Europea recogen la singularidad del territorio canario y su necesidad de plasmación en un régimen fiscal diferenciado.
En Canarias, y para entender lo qué son las islas, hay que hablar de un secular victimismo empresarial canario que siempre ha aprovechado todo lo que son las diferencias de la insularidad, discontinuidad del territorio y lejanía de centros financieros, para legitimar un sistema fiscal diferenciado que se traduce en incentivos para la burguesía de las islas y el sostenimiento de sus intereses. La Ley 19/1994, de 6 de Julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) es una plasmación de este complejo empresarial. En su Artículo 27 se desarrolla lo que es la actual Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que es la culpable del actual empobrecimiento de la clase trabajadora canaria y del gran enriquecimiento de la burguesía, principalmente dedicada a la construcción, que se ha experimentado en la última década. Seguimos en esta exposición los trabajos de la Comisión de Sostenibilidad de Asamblea por Tenerife y que nos han sido de gran valor para entender la maraña conceptual, la falta de transparencia y el oscurantismo político que el desarrollo de la RIC ha significado para Canarias.
El sistema de funcionamiento de la RIC es poco transparente. En realidad parece haber un consenso político mediático empresarial para que este sistema no se conozca mucho. Lo único que escuchamos, de vez en cuando, por los medios del archipiélago es a algún político de coalición declarando que sería bueno para Canarias que la reserva de inversiones se ampliara en el tiempo, que ésta pueda utilizarse para construir un puerto en Granadilla o para adquirir la pírrica red eléctrica a Endesa. La RIC no es buena para los canarios en general sino para que la clase empresarial de las islas, sobre todo la dedicada al sector de la construcción, no pague impuestos sino que los evada y luego los materialice, sean blanqueados en realidad, en la adquisición de viviendas, bienes de lujo y en economía especulativa.
Veamos someramente cómo funciona el sistema. En el Artículo 27 de la Ley 19/1994, señalada más arriba, se regula explícitamente su funcionamiento. Las sociedades y entidades jurídicas radicadas en Canarias que están sujetas al Impuesto sobre Sociedades tienen derecho, según la ley, a la reducción de éste siempre que destinen sus beneficios a la reserva de inversiones. Se podrá dedicar, por dichas empresas, hasta un máximo de un 90 por 100 de la parte del beneficio obtenido al año al fondo de la RIC. Los sujetos pasivos del IRPF y los profesionales liberales también pueden acogerse a este sistema de desgravación en cuotas de hasta un 80 por 100 siempre que sus actividades estén radicadas en Canarias. Así las empresas y los profesionales de las islas no pagan a hacienda el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni el Impuesto Sobre la Renta de los No Residentes siempre que se comprometan a reinvertir en las islas este dinero que se les perdona y que sirva para la generación de empleo y la creación de infraestructuras públicas. Según el mismo artículo de la citada ley, las cantidades destinadas a la reserva para la inversión de Canarias podrán materializarse en la adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago que sean necesarios para la realización de actividades empresariales, la adquisición de deuda pública de las distintas administraciones canarias o la participación por medio de acciones en empresas que desarrollen su actividad en las islas.
Un ejemplo gráfico es el siguiente. Una empresa obtiene 100.000 euros de beneficio y puede, por tanto, destinar a la RIC hasta 90.000 euros. De este dinero se debería dedicar al pago de los distintos tipos de impuestos sobre un 40-45 % de los 100.000 de beneficio declarado. Es así que aproximadamente 40.500 euros que deberían de pagar a hacienda las empresas en Canarias son desviados a los fondos de la RIC. Esta reserva de inversiones se ha convertido en un descarado sistema de especulación y de fraude. Las materializaciones de los fondos de la RIC están siendo desviadas a la adquisición de activos inmobiliarios como terrenos, locales, viviendas y automóviles de lujo. Todo esto nada tiene que ver con los objetivos para los que se creo la reserva de inversiones, creación de empleo o modernización de las empresas canarias. Además, a los empresarios acogidos a la RIC, se les da prioridad empresarial a la hora de comprar derechos administrativos de explotaciones públicas, saltándose así los necesarios concursos de subasta pública con lo que los pequeños empresarios son alejados de este sistema. Está claro que las empresas más beneficiadas en Canarias por la RIC son las constructoras. En los últimos años se ha notado una explosión tremenda de la construcción en las islas. A parte existe un encarecimiento y una inflación brutal sobre el precio de la vivienda. En Santa Cruz, por ejemplo, más de un tercio de la vivienda nueva no protegida ha sido comprada por empresas. Actualmente es muy rentable el negocio de la construcción en las islas: con la parte del beneficio empresarial que debería ser público, pero que no se paga a hacienda, se compra más suelo para seguir construyendo más y se multiplican, así, exponencialmente los beneficios de los constructores.
Las cifras de la RIC son realmente escalofriantes. La reserva lleva en funcionamiento desde 1994 y tenía que haber terminado a finales de 2005 pero se ha prorrogado durante este año 2006. Actualmente se negocia con Bruselas y con en gobierno de la nación la continuación de este sistema por lo menos cuatro años más, hasta finales de 2010. Es muy difícil saber cuánto dinero ha generado la RIC, la administración se muestra muy opaca a la hora de dar cifras, esa misma administración que los que no tenemos las excepciones de la RIC pagamos con nuestros impuestos nos oculta sistemáticamente los datos, pero según cifras que maneja la Comisión de Sostenibilidad de Asamblea por Tenerife, obtenidas de una pregunta parlamentaria en marzo de 2005 por Izquierda Unida, la RIC ha generado un montante de 18.000 millones de euros, eso son sobre 3 billones de aquella cosa que llamábamos pesetas. De ese dinero se ha materializado ya sobre 8.000 millones de euros y quedan aún pendientes unos 10.000 millones que en pesetas son casi dos billones. Mientras los asalariados y la clase trabajadora contribuimos religiosamente, con nuestros impuestos, a pagar este sistema a todas luces injusto y montado para favorecer a unos pocos ya que nuestros impuestos son los que pagan los servicios sociales, la sanidad, la enseñanza o el funcionamiento de las administraciones públicas. Ya han sido dichas en muchos foros pero estas son las cifras que nos quedan a nosotros y que son datos oficiales sacados de organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 442.888 canarios, de un total de 1.968.280 residentes (casi un cuarto de la población total), viven bajo el umbral de la pobreza, entre 1996 y 2004 la vivienda se ha encarecido un 104% pero los salarios, descontada inflación, han crecido sólo un 1,6%, 267.020 personas tienen contratos de trabajos temporales (el 32,56% de la población activa) mientras que los salarios en las islas son un 17.4% más bajos que la media nacional, hay 25.000 enfermos en listas de espera quirúrgicas, 43.000 ancianos viven sin las atenciones necesarias, las cifras de fracaso escolar ascienden a un 35% de la población escolar obligatoria, hay 130.000 personas apuntadas a las listas del desempleo, en las islas existen 137.000 viviendas vacías y compradas para la especulación, la demanda energética en Canarias es un 20% superior a la del estado, la presión fiscal de los que pagamos a hacienda ha aumentado en canarias en mayor medida que en el resto del estado y, mientras desaparecen explotaciones agrarias en las islas, han entrado más de 70 plagas debido a la falta de control fitosanitario de los productos agrícolas que llegan. Nos entra vértigo y nos quedamos sin respiración al decir todas estas cosas.
Es necesario en la sociedad canaria un debate de qué tipo de RIC queremos y qué se debe hacer con los 10.000 millones de euros acumulados en la reserva. Los canarios hemos demostrado mayor madurez democrática y mayor inteligencia que los políticos que nos gobiernan, los consejeros que los asesoran o los empresarios que los sostienen cuando hemos salido por miles a la calle a protestar contra la construcción de puertos industriales en Granadilla o cuando hemos presentado al parlamento una ILP con 56.087 firmas para la protección del litoral de Granadilla pero que ni siquiera fueron admitidas a trámite por esta institución. Es por ello por lo que exigimos que se nos devuelva ese dinero, evadido de impuestos, para financiar una sanidad pública, una educación pública, un sistema de bienestar decente, un control y un respeto del medio ambiente y una investigación cualificada de energías alternativas para las islas. Mientras, es muy importante que todos y todas divulguemos cómo funciona esta arma fiscal de fraude financiero y nos opongamos a su prórroga en los términos que están redactados actualmente. El medio ambiente de las islas y la calidad de vida por la que siempre hemos sido envidiados está en juego si este sistema se mantiene.
