Nunca en la historia de la autonomía de Canarias había habido un presidente de gobierno que representara menos a los casi 2 millones de residentes que hay en las islas y sí a una clase empresarial determinada, léase Antonio Plasencia o Luís Cobiellas, como lo ha hecho Adán Martín Menís durante estos 3 últimos años. Su mandato es fruto de su posicionamiento político al frente de su partido, de sus luchas interna, y de que recibió el voto de la mayoría en las últimas elecciones autonómicas. Este hecho, el que ganara las elecciones, no le da derecho a hacer lo que le dé la gana ni fue un cheque firmado en blanco que le dimos los ciudadanos. Las democracias modernas se han convertido en una pantomima, en unos procesos vacíos de contenido, en los que basta con que los electores depositen su voto en las urnas cada cierto tiempo y ya está. Luego se presupone que los políticos han recibido la confianza de la ciudadanía por un periodo determinado y así viene el olvido de ésta hasta que las nuevas elecciones. Entonces vienen las campañas mediáticas para convencer a los electores del voto. Campañas, por cierto, brutales en las que se usan todos los medios posibles y que cuestan mucho más de los que manejan los partidos. La toma de decisiones se hace de espaldas a los ciudadanos, no se debate nada y los únicos interlocutores válidos a los gobiernos son los grupos empresariales y los sectores financieros. A los ciudadanos se nos niega el derecho a la vida pública y al debate público de las decisiones. Las democracias, entonces, no son participativas sino solamente eso: pantomimas.
Adán Martín, e incluso Luís Soria, andan metidos ahora en atacar a los individuos y colectivos, ellos dicen los ecologistas pero podemos asegurar que la mayoría de las personas que estamos en contra del modelo económico que nos quieren imponer no somos estrictamente ecologistas, que estamos en contra de la construcción de un puerto industrial en Granadilla. En las últimas semanas el Defensor del Pueblo Europeo ha comenzado una investigación de oficio sobre sí las instituciones europeas están actuando de manera ética al no tener en cuenta las alternativas a las construcción del puerto en Granadilla que pasa por la ampliación de puerto de Santa Cruz. También ha sucedido que
La construcción de un puerto en Granadilla no es una infraestructura necesaria para el desarrollo económico de Tenerife ni mucho menos para el de Canarias como el presidente ahora mismo está diciendo de una manera exagerada y patética. La construcción del puerto en Granadilla es necesaria para que una clase político empresarial, que no representa a nadie más que a sus propios intereses económicos y que son una auténtica minoría, dé el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Canarias y salgan de allí con las manos muy llenas de dinero mientras a la mayoría de la población se nos deteriora el medio ambiente y se reduce nuestra calidad de vida. Lo que se quiera decir de beneficios para la sociedad de dicho puerto son vulgares mentiras. Todos hemos oído de que testaferros y sociedades terceras han estado comprando terrenos en la zona donde se quiere construir el puerto a muy bajo precio. Son operaciones opacas y no hay prueba de ellas pero la fiscalía anti corrupción podría abrir una investigación de oficio. No se entiende como en la provincia de Gran Canaria están saltando a la luz pública tramas de corrupción y en la provincia de Tenerife, donde la percepción de la corrupción es, sin duda, mayor aún no ha saltado ninguna.
Los colectivos e individuos que estamos en contra de esta infraestructura estamos casi agotando todas las vías que el estado de derecho da a los ciudadanos para protestar contra decisiones injustas. Estamos en la disyuntiva que tanto desde las instituciones canarias como de las del estado español se nos ha inorado de una manera descarada y que las únicas vías que nos quedan están en las de europea. No somos una minoría sino que cada día somos más. En un momento histórico para los movimientos sociales en Canarias se han tejido redes sociales perfectamente posibilitadas para dar una respuesta ciudadana contundente a cualquier cosa contraria al derecho que ocurra en las islas. Nos hemos movido y nos moveremos siempre dentro de la legalidad pero que no quepa la menor duda que si hace intenta hacer ese puerto vamos a llegar hasta la desobediencia civil. Nos plantaremos delante de las máquinas y nos subiremos a sus barcos el día que empiecen las obras, si finalmente empiezan, porque es cuestión de justicia y de dignidad.
Canarias Digital, 27 de febrero de 2006.
