Nunca me han gustado los nacionalismos, ni de izquierdas ni de derechas. El estado es, sin lugar a dudas, la mayor expresión de la represión de la voluntad y la libertad del individuo. Históricamente todo proceso nacional ha estado marcado por una burguesía, léase clase dominante en los procesos previos a la irrupción del capitalismo cuando esta clase social aún no existía, que tratando de salvaguardar sus intereses económicos puramente particulares manipulan a las clases bajas de la sociedad con promesas de un mundo mejor para luego, cuando llegan al poder, ejercer la misma forma de dominio, si no peor, que ejercía la clase contra la que se luchaba. Que sepamos nunca en la historia ningún proceso de creación de un estado ha terminado por hacer más felices a la personas sino haciendo más rica a una clase que antes no lo era.
El mundo es muy amplio y las fronteras algo artificial que tienen origen económico. Son antinaturales a la geografía, permeables a la propagación del capital y una barrera muy grande a la circulación de las personas y de los Derechos Humanos. Por eso siempre he mirado con desconfianza aquellos patrones de carácter nacionalista que tratan de encajar el mundo en las miras estrechas de lo local y que parecen decir algo así como mi ombligo es redondo luego el mundo es perfecto. En este sentido el nacionalsocialismo de coalición canaria me parece casposo, miserable, mentiroso, oportunista, de vergüenza ajena, estrecho, paleto, burdo, de risa, inventado, mafioso, pueril, bastardo de ideología, inventor de tradiciones falsas, onanista, fenicio, chaquetero, lo peor que ha existido nunca pero sobre todo especulador y de inmobiliaria. Es aquel por el que una clase de políticos y empresarios, el auténtico maguerío de canarias, trata de manipular a casi dos millones de canarios para forjar sus intereses mientras entre 1996 y 2004 la vivienda se ha encarecido un 104%, hay 130.000 personas apuntadas en las lista del paro, casi 475.000 canarios viven bajo el umbral de la pobreza, los salarios son más bajos que la media nacional en un 17,4%, hay 25.000 enfermos en las listas de espera quirúrgicas, la tasa de fracaso escolar es de un 35 % de la población escolar obligatoria pero hay un dinero almacenado en la RIC por empresarios, que no han pagado a hacienda sino que escaquean para sus intereses particulares y para comprar viviendas, de las que en canarias hay 137.000 vacías, que se calcula en unos 15.000 millones de euros. Y estos datos no me los invento yo, como muy bien han dicho los integrantes de Unidad del Pueblo en su acción de protesta con el envío masivo de una carta al ministro de economía Pedro Solbes a través de una delegación de hacienda de Gran Canaria, sino que son datos tomados de organismos oficiales como el INE o el ISTAC.
Después de la Caída del Muro de Berlín en 1989 la Europa del Este se vio envuelta en procesos separatista de carácter nacionalista que llegaron hasta la tragedia y el genocidio en el caso de la Antigua Yugoslavia. Mientras, en la Europa Occidental se vivía un proceso contrario: la creación de un macro organismo de gestión económica y política como es la Unión Europea. Como antídoto a este nacionalismo fatal desde círculos de opinión bienpensantes se hablaba de la necesidad de la forja de una nueva forma de consciencia que superara éste y se hablaba de una nueva época histórica representada por las identidades posnacionales. Se nos decía que la creación de macroestados posnacionales, agrupados por intereses en lugar de por cuestiones patrióticas locales, iba a garantizar al individuo nuevos marcos de convivencia más amplios y más democráticos. Al estar amparados por instancias superiores se podrían denunciar ante ellas los casos de vulneración de derechos individuales o de grandes colectivos. Creo que se olvidaron en la formulación de tener en cuenta los grupos de presión que llegan a estas instancias más fácilmente para intentar imponer sus intereses. Está claro, una vez más, que la creación de una cosa como es la UE no tiene máximamente otros fines que la de que los capitales circulen con más facilidad. Un ejemplo es el caso de la neoliberal constitución europea o de la directiva Bolkestein que trata de imponer la norma de que los servicios, eufemismo con el que se trata de quitar el auténtico carácter social que deben de tener, como la educación o la atención médica estén controlados por el libre mercado.
El caso del intento de construcción del puerto de Granadilla es uno muy ilustrativo de todo lo dicho más arriba. Los que siempre hemos sentido ripio por todo aquel apego irracional y ombligüista al terruño miramos a la costa de Granadilla, pero a todo el paisaje canario que aún se mantiene sin degradar, de una manera más cercana, como nunca. No queremos que se pierda y estamos dispuestos a luchar contra la especulación armada de los 15.000 millones de euros de la RIC. En el caso de la ilegal construcción al puerto de Granadilla los movimientos sociales que se oponen a la construcción han llegado hasta el agotamiento en la reclamación de las instituciones locales y nacionales, incluida la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular con 56.000 firmas para que se protegiera la zona al parlamento de canarias y que ni siquiera fueron tomadas en cuenta por el pleno. Se han hecho dos manifestaciones con miles de personas en contra del puerto en la calle, un sinnúmero de concentraciones, protestas en la zona emulando mareas negras o pidiendo un SOS y sistemáticamente se nos ha ignorado desde instancias políticas y hemos sido censurados en los medios de comunicación, públicos o privados, que los empresarios y políticos controlan. Ahora la lucha pasa por otro momento, el de la desobediencia civil. Igual que el campamento informativo que se ha montado en la Plaza de la Candelaria somos muchos los que estamos dispuestos a acampar en Granadilla para detener las obras por los medios que sean necesarios. Vemos que hasta la instancia europea queda corta. En julio de 2005 visitó Canarias Jacques Barrot, comisario de infraestructuras de la comisión europea, y se le enseñó in situ los enclaves de los puertos de Arinaga y Granadilla. Pronto nos enteramos que más que una visita protocolaria era un cónclave de mafiosos: Barrot fue investigado en Francia por financiación ilegal de partidos políticos pero en la actualidad goza de inmunidad por ser miembro de la comisión. Las presiones sobre las instituciones europeas por parte del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias son inmensas y reconocidas por parte de las mismas instituciones: en octubre José Carlos Mauricio hablaba de la creación de un lobby favorable al puerto en Europa, todo pagado con nuestros impuestos, claro. Todos nos acordamos del millón largo de dólares que el ex presidente Aznar dio, de los presupuestos de estado, a un bufete de abogados en Washington para que le concedieran la medalla del congreso americano por haber metido a nuestro país en una guerra y haber conseguido que casi 200 personas murieran en el atentado de Atocha, el más sangriento de la historia de España. A finales de enero, el Defensor del Pueblo de Europa, Nikiforos Diamandouros, ha abierto de oficio una investigación para averiguar si las instituciones europeas han actuado conforme a las normas de buena conducta que dichas instituciones deben de hacer mérito. Las presiones vuelven hacia las instancias que deben de decidir algo sobre este tema y como reconoce el mismo Defensor del Pueblo ha recibido cartas favorables al puerto, en este caso por parte de empresarios y afines.
Para terminar como mismo he empezado vuelvo a reiterar en que no me van nada los discursos que hablan de patria y que reivindican el concepto de nación por cuestiones de territorio, algo que tiene que ver con el habla y cuestiones de carácter cultural. En un mundo abiertamente globalizado me parecen cuando menos risibles. Vomitivo es el nacionalismo español contra el Estatut Catalán y la recogida de firmas. Pero tampoco veo las instituciones mega-nacionales superburocratizadas y alejadas del individuo. Resulta que lo que queremos nuestro territorio, bello y singular pero ni mejor ni peor que otros, debemos de poner nuestros ánimos en que desde estas instancias superiores los desdenes de las mafias de políticos y empresarios canarios corruptos sean corregidas cuanto antes. Por eso, y aunque su dictamen no sea vinculante, vemos con mucho ánimo el proceso abierto de oficio por el Defensor del Pueblo Europeo. Nos parece que es justo y esperamos que no nos hagan llegar hasta la desobediencia civil poniéndonos delante de las palas cuando empiecen las obras. Nuestro medio ambiente maltrecho y nuestra economía degradada no se merecen ese puerto.
